La operación 'Tellus' saltó a la palestra en noviembre de 2016 tras la denuncia de un agricultor. Fue entonces cuando la Guardia Civil registró varias sedes de UPA y detuvo a sus principales dirigentes, siete en total. Entre ellos, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón.
Los dos ingresaron en la cárcel de Badajoz y allí permanecieron casi cuatro meses. Y no fue hasta febrero de 2017, tras varios recursos presentados ante la jueza, cuando consiguieron la libertad.
Cuatro años de instrucción
Después, se inició una larga instrucción judicial que terminaba cuatro años más tarde, en 2021. Lo hacía con la petición de Fiscalía de 16 años de cárcel y 33 millones de multa para Huertas y Alcón por los delitos contra la hacienda pública, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Y entre seis y diez años de cárcel para el resto de los acusados.
Algo que caía con sorpresa en la organización agraria, cuyo secretario general a nivel nacional, Lorenzo Ramos, siempre ha defendido la inocencia de sus compañeros.
Además se pedía la suspensión de actividades de UPA UCE durante cinco años, lo que hubiera supuesto el fin de esta entidad. Esto se salva ahora con un acuerdo in extremis que a todos satisface: a Fiscalía porque se reconoce un delito que siempre se negó. Y a la organización y sus responsables, porque se evita el cierre y se esquiva la cárcel.
