La Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, supervisa el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria. Desde enero de 2023 ha impuesto más de 641.000 euros en multas a las empresas que cometen irregularidades.
Son 195 sanciones en total, que en su mayoría no superan los 2.000 euros. Por ello, el sector agrario pide aún más contundencia pues creen que las cuantías son insignificantes para los grandes grupos de la distribución.
Una de las sanciones más altas hasta ahora han sido los cerca de 40.000 euros impuestos a Alcampo por su resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración. ¿Pero qué supone esa cantidad para una cadena que factura más de 4.000 millones de euros al año en nuestro país?
Además, los motivos de las sanciones son en su mayoría por incumplimiento de los plazos de pago, por no formalizar por escrito los contratos o por no incluir en ellos algunos datos obligatorios. Pero aún no se ha registrado ninguna sanción por la venta a pérdidas, que es el caballo de batalla del sector primario.
El refuerzo de las inspecciones es, por lo tanto, otra de las reclamaciones del campo, al igual que la publicación y actualización por parte de las comunidades autónomas de costes de producción de referencia, que ayudarían a los agricultores a la hora de cerrar la venta de sus productos.
Por lo pronto, el Observatorio de la Cadena Alimentaria se reunirá el día 14 con las cadenas de supermercado y las organizaciones agrarias para ver en qué puntos se está fallando.
