El anteproyecto de ley es una iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social que plantea rebajar la bonificación de contratos. Los cambios pretenden un ahorro de costes a la Seguridad Social sin contemplar el daño que hace al empleo dentro del ámbito de la discapacidad, destaca Jesús Gumiel, presidente de CERMI Extremadura, el comité de entidades que representa a las personas con discapacidad.
“Por cada euro que se invierte en materia de inserción laboral se reingresan 2,5 euros al Estado”, recalca Gumiel.
En el texto del anteproyecto se suprimen las bonificaciones a la contratación temporal en los centros especiales de empleo, las medidas de fomento de empleo en empresas ordinarias y en el ámbito de la contratación indefinida, la bonificación pasa del 100% a una ayuda lineal de 366 € al mes.
Unos recortes que “pondría en riesgo a 185 centros de empleo especial que hay en la región” y más de 3.000 puestos de trabajo que son desempeñados por personas con discapacidad. En opinión de Gumiel “supondría el mayor retroceso en la etapa democrática en el ámbito de la inclusión social”.
El presidente de CERMI critica que la propuesta “no ha sido consensuada con el sector de la discapacidad en nuestro país, ni se ha trasladado a otros ministerios que tienen competencia en el tema”. Cientos de centros especiales de empleo de toda España y oenegés que trabajan en el sector de la discapacidad han mostrado el rechazo unánime a este texto inicial que en en estos momentos está en trámite de audiencia pública. Esta semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha afirmado que el Gobierno no tiene intención de cambiar las bonificaciones en el sector de la discapacidad.
