En un documento encabezado por “militares españoles” se detalla un listado de consignas para actuar tras el golpe del 23-F. En él afirman que el “primer fallo” fue “dejar al Borbón libre” y tratarlo como a un caballero, algo que, según los autores, lo convierte en un “objetivo a batir y anular”. El escrito recoge también varias recomendaciones para llevar a cabo en “acciones sucesivas”.
Este documento, manuscrito, forma parte de la planificación del golpe de Estado elaborada a finales de 1980 y cuya desclasificación fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. Sin embargo, su contenido sugiere que fue redactado después del 23-F, ya que menciona expresamente la necesidad de analizar los pasos a seguir tras el fracaso del levantamiento.
En el texto, los militares subrayan que no están decepcionados por el resultado del golpe y que no es momento de criticar lo ocurrido, sino de “analizar lo que habrá que hacer de ahora en adelante”. Allí enumeran los fallos que, a su juicio, deben corregirse para futuras actuaciones, insistiendo en que el mayor error fue no controlar al Rey desde el principio.
Los autores sostienen que Juan Carlos I seguirá adelante con lo que consideran un “intento suicida” de formar Gobierno con los socialistas. Por ello, concluyen que el monarca ya no puede ser considerado “un símbolo a respetar”, sino “un objetivo a batir y anular”. Una posición llamativa, dado que los militares consideraban inicialmente que la Corona era un elemento clave para el éxito del golpe del 23-F, tal como se recoge en un croquis fechado en noviembre de 1980.
En otra parte del documento, analizan posibles configuraciones de Gobierno que podrían favorecer un levantamiento. Tras barajar varias opciones, concluyen que la única vía viable sería una “operación civil con complemento militar”, encabezada por un general de talante liberal. Entre los nombres citados figuran Gutiérrez Mellado, Sáenz de Santamaría y Díez Alegría, a quienes ven como un “antídoto al golpismo”. Para que este plan tuviera éxito, señalan, serían necesarias dos condiciones: reclutar a un general con ese perfil y contar con el apoyo de la Corona.
El documento también menciona al fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga, cuyo nombre aparece repetidamente vinculado a distintas operaciones civiles, militares y mixtas. Los autores consideran que las iniciativas de corte democristiano, impulsadas por figuras como Herrero de Miñón o Álvarez de Miranda, tenían pocas posibilidades y subrayan que “no cuentan con Fraga”. Sin embargo, sí lo sitúan como un posible enlace político para organizar reuniones con generales en la costa levantina y lo vinculan a contactos con grupos conspiradores.
La presencia de Fraga reaparece en la llamada “operación Halcón”, también conocida como el golpe de los coroneles, que según el documento debía ejecutarse antes de las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. Este plan buscaba el “estrangulamiento de los principales medios decisorios del Estado” mediante un amplio movimiento nacional. Para ello, cada grupo tenía asignados objetivos concretos, desde medios de comunicación hasta ministros y altos cargos del Gobierno. Entre los nombres mencionados en esas listas figuran, además de Fraga, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado.
