La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) ha reclamado a la Delegación del Gobierno en Extremadura y el ayuntamiento que refuercen los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra los robos en el campo una vez que esta organización haya recibido las primeras denuncias de robos de uva y aceituna por parte de algunos de sus agricultores asociados.
En este sentido, apela tanto al delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, como al alcalde almendralejense, José María Ramírez, para que el equipo ROCA de la Guardia Civil sea reforzado con más efectivos, y que la Policía Local también cuente con más patrullas para el "control y vigilancia de los puestos que puedan comprar uva o aceituna sin la documentación necesaria" que acredite la procedencia y titularidad del producto.
La asociación agraria añade que si no se ponen los medios Almendralejo corre el riesgo de convertirse en el "epicentro de la delincuencia con el robo de aceituna y la venta ilegal" a compradores que no exigen la documentación necesaria que acredite la trazabilidad del producto, como ya ocurriera el año pasado, señalan en una nota de prensa.
La Comunidad de Labradores sostiene que este tipo de delitos, que el pasado año se saldó con el robo de "más de un millón de kilos de aceitunas" solo en la comarca de Tierra de Barros, perjudica "notablemente" a la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
Esta organización entiende que el cumplimiento de la normativa sobre la trazabilidad de la uva y de la aceituna es "imprescindible", motivo por el que reclama a la Junta de Extremadura que publique ya el decreto en el que viene trabajando en los últimos meses, para dar "mayores herramientas" a las fuerzas de seguridad para actuar y "mejores garantías" a los agricultores para evitar el fraude.
Por otro lado, la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo responde al delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, que esta organización agraria "no tiene ninguna aspiración política" y que su único objetivo es "defender los intereses y derechos de los agricultores frente a las políticas arbitrarias y abusivas de los poderes públicos".
En este sentido, no se plantea "andar peregrinando por distintos cargos políticos sin resolver ningún problema, como parece que es la práctica habitual de algunos 'responsables' de gobierno".
