La Junta no solicitará al Ejecutivo central que disuelva el Ayuntamiento de Alburquerque. El Ejecutivo regional no tomará esta medida, al menos de momento, a pesar de la delicada situación económica que vive el consistorio de la localidad pacense.
Y es que sus 200 trabajadores acumulan ya 10 meses sin cobrar. En esas nóminas, la deuda del ayuntamiento es ya de 2 millones de euros y la deuda total del consistorio se dispara hasta los 15 millones de euros. Además el dinero que ha llegado a la localidad se encuentra embargado por sentencias judiciales. A todo esto se une problemas como la situación de su residencia de mayores, que tuvo que ser intervenida por la Junta, el mal estado de algunas instalaciones municipales o el cierre del castillo, principal reclamo turístico.
Para informar sobre la situación en la que se encuentra actualmente el ayuntamiento ha comparecido la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales. En su intervención, Blanco-Morales ha asegurado que, actualmente, el Ministerio de Hacienda y Política Territorial ya ejerce una tutela económica sobre el ayuntamiento de la localidad pacense.
Hacienda ha realizado numerosos requerimientos al consistorio por los reiterados incumplimientos del plan de ajuste adoptado para que las corporaciones tengan acceso a líneas de crédito público. Crédito que necesitan, entre otras cuestiones, para hacer efectivo el pago a proveedores.
El seguimiento de este plan de ajuste se ha llevado a cabo por el ministerio a lo largo de los últimos años. El último de ellos ha sido el pasado 26 de julio. Entonces Hacienda reclamaba al ayuntamiento la siguiente información:
- Ingresos, pagos y obligaciones de pago para 2021.
- Financiación por parte de la Comunidad Autónoma.
- Plan de tesorería del ayuntamiento en 2020 y 2021.
- Plan de disposición de los fondos en 2020 y 2021.
- Informe de 2021 con el resumen del control interno del ayuntamiento.
- Informe al tribunal de cuentas de todas las resoluciones adoptadas a los diferentes requerimientos realizados en 2020.
- Las medidas de control y ajuste implantadas y por implantar.
- Liquidación del presupuesto de 2020.
Todos estos requerimientos, afirma Blanco-Morales, demuestran la tutela económica que realiza el ministerio y que, actualmente, representan la intervención que la administración general del Estado realiza en el municipio. La titular de Hacienda en la Junta asegura que el reiterado incumplimiento por parte del consistorio de Alburquerque no puede quedar impune, pero que la decisión de disolver el ayuntamiento debe de ser el último recurso para solucionar la complicada situación que atraviesa la localidad. De momento, y a pesar de la gravedad de la situación económica, la vicepresidenta reconoce que todavía no se ha llegado al escenerio de pedir esta disolución de la coporación.
La Junta afirma que, con las herramientas de las que dispone, también ha intervenido en la situación de Alburquerque, aplazando pagos, agilizando los trámites de pagos al ayuntamiento y reforzando la presencia del SES y el SEPAD en la localidad.
Además, mantiene reuniones permanentes con el Ministerio de Hacienda y Política Territorial y la Diputación de Badajoz para proponer soluciones y aplicar los mecanismos de estabilidad presupuestaria requeridos. Un foro que, llegado el momento si la situación no mejora, que sí tratará la disolución del ayuntamiento. La próxima reunión que mantendrán se celebrará durante el mes de octubre.
Desde la Junta, Pilar Blanco-Morales ha pedido la dimisión de sus gestores para agilizar todo el proceso.
