El Ayuntamiento de Jaraíz es la primera institución pública de Extremadura a la que se impone una condena motivada por muertes causadas por el amianto. El consistorio jaraiceño ha tenido que pagar, en total, casi 230.000 euros a la Seguridad Social por dos empleados municipales que fallecieron por esa causa: 113.000 por el primero y 116.000 por el segundo.
Las muertes de esos operarios se produjeron antes de 2002 por exposición al amianto, un material cancerígeno cuyo uso se prohibió hace 21 años en la construcción. La manipulación del fibrocemento libera fibras de amianto, un polvo tóxico que el trabajador podía inhalar mientras reparaba o sustituía las tuberías de las canalizaciones de agua y las redes de saneamiento.
El Ayuntamiento también tiene que indemnizar a la familia de uno de los afectados con 120.000 euros, y a la del otro con 207.000. Sumando las sanciones que se le han impuesto, el consistorio de Jaraíz, tiene que abonar un montante global de 507.000 euros por ese motivo; cantidad que en los presupuestos municipales ha consignado como desembolso no previsto.
El alcalde, Luis Miguel Núñez, acata la sentencia; al estar las arcas saneadas, no habrá que subir impuestos ni pedir créditos, aunque sí ha habido que posponer algunos proyectos. Otros ayuntamientos, como el de Zaragoza, Segovia, Llodio y la Vall d'Uxo también han sido condenados por muertes de sus trabajadores al exponerse a las fibras de amianto.
