La familia del preso fallecido en 2018 durante una persecución policial en Cáceres solicitará a la Audiencia Provincial una pena de cuatro años de prisión por homicidio imprudente para el agente que le abatió, presuntamente, de un disparo, mientras que la Fiscalía y la defensa pedirán el archivo de la causa.
El juez ha citado a las partes el próximo 7 de julio para conocer si es posible llegar a un acuerdo antes del juicio y, si no es así, se señalaría para septiembre. Además, el policía nacional acusado se enfrenta a una inhabilitación para el ejercicio profesional de seis años y a pagar una indemnización de más de 240.000 euros.
“Entendemos que no ha existido un homicidio imprudente en el sentido de que mi representado ha actuado dentro de la normativa y del ejercicio de sus funciones, y sobre todo consideramos que fue un hecho fortuito y accidental”, ha explicado este martes a los medios el abogado de la defensa Ángel Luis Aparicio.
Los hechos
Los hechos sucedieron en marzo de 2018, cuando el preso huyó al descender del furgón policial durante un traslado a los juzgados en Cáceres, tras tirar las muletas -no iba esposado- y agredir a un agente. A partir de ahí protagonizó una fuga de varias horas por la ciudad, después de que varios agentes no pudieran capturarle en el momento, y le persiguieron hasta las inmediaciones del entorno de la Montaña, próximo a los juzgados.
Posteriormente fue localizado por el dispositivo de búsqueda, en el que participó la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, y tras recibir una herida de bala en el tórax, el reo falleció en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde fue evacuado en estado crítico.
