SGTEX reclama que las pruebas PCR no sólo se hagan a los trabajadores de las residencias del SEPAD.
El sindicato CISF ha denunciado públicamente las trabas que están encontrando algunos de los casi 13.000 funcionarios del Estado que hay en Extremadura, pertenecientes a las mutuas Muface y Mugeju, a la hora de acceder a pruebas PCR. En muchos casos, los funcionarios están pagando estas pruebas de su bolsillo.
CSIF reclama que se garantice una equidad en la asistencia sanitaria y se evite el desamparo que padecen ahora muchos de estos funcionarios que ven como los protocolos establecidos en estas compañías les dejan fuera de las pruebas y que obliga a muchos funcionarios a pagarlas de su propio bolsillo.
CSIF también ha detectado que tanto Muface como Mugeju no ponen en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Sanidad Pública cuando se comunica un positivo.
Por ello, aseguran, buena parte de los 12.881 de funcionarios del Estado (9.260 de la provincia de Badajoz y 3.621 de la de Cáceres) y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de Muface y Mugeju en la región prefieren pagar la prueba de su bolsillo a arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del covid-19 a tiempo.
El sindicato ha elevado una queja al Consejo General de las distintas mutualidades para que se acometa el cambio de protocolos a la mayor brevedad posible, e incluso se incremente la financiación necesaria para que se garantice esa equidad en la asistencia sanitaria de estos empleados públicos.
