Pancarta Campamento Dignidad Extremadura. La vivienda: Derecho Humano
Campamento Dignidad valora positivamente algunas de las medidas sociales anunciadas por el Gobierno en el nuevo Plan de Respuesta a la Guerra, aunque con matices.
Juan Viera, miembro del colectivo, celebra el cambio de criterios para que más personas puedan gozar del bono social eléctrico pero afea que la excesiva burocracia impida a multitud de solicitantes su tramitación y añade, "lo consideramos positivo teniendo en cuenta que el bono social eléctrico reduce la factura de la luz aunque realmente quien lo disfruta son las empresas, que es a las que se lo paga el Estado".
Sobre la anunciada limitación de la subida del alquiler al 2% el colectivo cree que tendrá poca repercusión real, "pues es una cantidad muy pequeña", e insisten desde Campamento Dignidad, no "ataca" al gran problema de la vivienda en la región: "El problema, al menos en Extremadura está en la falta de viviendas".
"Los problemas de acceso a viviendas son dramáticos en la comunidad".
Este miércoles a las 11:00 h el colectivo volverá a manifestarse a las puertas de la Consejería de Fomento, en Mérida, para reivindicar que se facilite el acceso a alquileres sociales de las familias más vulnerables.
Juan Viera explica que "hay un compañero allí reivindicando diariamente un alquiler social y un grupo de Campamento Dignidad acudimos periódicamente a apoyarle en su reivindicación, porque es insólito que la Junta conozca las condiciones de la casa, de la zahurda en la que vive, y no ponga remedio".
Campamento Dignidad explica que el caso de este señor no es aislado, y personaliza la multitud de dificultades en torno al acceso a la vivienda en los casos de personas cercanas a Campamento Dignidad, "como María, que tiene tres hijos y vive en una casa alquilada. Es imposible que con una renta básica pueda pagar el alquiler sin quitarse de comida".
Viera reseña lugares concretos donde Campamento Dignidad tiene identificados problemas de vivienda, como Talayuela "donde hay 11 viviendas que el Ayuntamiento no concede por temor a los conflictos sociales", Llerena, "donde seguimos reivindicando la adjudicación de viviendas sociales que se han quedado vacías", Badajoz, "donde sigue sin resolverse el problema de las 90 viviendas de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra , un asunto a negociar entre el ministerio del Interior y la Junta de Extremadura, Olivenza, "donde siguen sin entregarse viviendas a familias que las tenían concedidas" o Mérida, "donde solo en El Prado, la banca tiene 240 viviendas que se están transformando en escombros porque la entidad bancaria que ahora es su propietaria, no hace absolutamente nada con las casas".
Desde Campamento Dignidad Extremadura, insisten en que los problemas sociales con la vivienda son verdaderamente dramáticos en Extremadura y las ayudas al alquiler social no funcionan, "pues en muchas ocasiones, si alguien no tiene nómina o su pensión es baja, nadie quiere hacerles un contrato de alquiler... y la gente se tiene que meter en viviendas porque no puede vivir en la calle".
