El Portal de Transparencia de la Junta de Extremadura ha publicado el proyecto de decreto por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas por natalidad a familias residentes en Extremadura y que pretende llevar a cabo modificaciones sustanciales respecto al anterior Decreto 114/2024, de 10 de septiembre.
El objetivo fundamental es dar continuidad a las medidas incentivadoras del crecimiento demográfico en la Comunidad Autónoma y ampliar la cobertura a más familias rurales de las previstas en el anterior decreto. En concreto, esta nueva norma contempla la eliminación del requisito económico por el que se tenía en cuenta el nivel de rentas de la unidad familiar como requisito para el reconocimiento de estas ayudas, detalla la Junta en una nota de prensa.
Por otro lado, se amplía la atención a las familias rurales que residan y lleven empadronadas, como mínimo, un año de manera efectiva tanto en municipios inferiores a 3.000 habitantes, como también en entidades locales menores y pedanías cuya población, considerada de forma autónoma, sea también inferior a dicha población.
Se pretende así frenar la despoblación en el mundo rural, conservando su identidad, rejuveneciéndolos y fijando la población, además de ayudar a las familias residentes a paliar los gastos que conlleva la existencia de un nuevo miembro de la familia, facilitando el ahorro.
Para la convocatoria de la anualidad de 2025 podrán ser beneficiarias, de forma excepcional, las personas que reúnan los requisitos establecidos a la fecha del nacimiento, adopción o guarda con fines de adopción, producido entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2024, y que no hubieran sido beneficiaras de las ayudas por no reunir el requisito económico establecido en la convocatoria de 2024, o cuando la población de residencia considerada de forma autónoma fuera inferior a 3.000 habitantes.
Con esta nueva disposición normativa, se amplía la atención dada a las familias rurales y se "simplifica la gestión en aras a una mayor eficiencia".
La eliminación de ambos requisitos tiene como fin ayudar, consolidar y fijar población en el medio rural, especialmente en zonas con población inferior a 3.000 habitantes, ante la debilidad demográfica y la despoblación en el ámbito territorial de la región, así como paliar en cierta medida los gastos originados como consecuencia de la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar.
