Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) confirma la condena de 10 años de prisión a una madre que vivía con cinco de sus seis hijos en Cáceres por cuatro delitos de abandono de familia y un delito de asesinato en grado de tentativa al no proporcionar a su hijo recién nacido la alimentación y asistencia médica necesaria. En la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJEX se desestima así el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres.
En concreto, la mujer fue condenada a las penas de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad durante ocho años por cada uno de los cuatro delitos de abandono de familia, y a la pena de ocho años de cárcel y privación de la patria potestad del hijo más pequeño, víctima de la tentativa de asesinato. También se le condena a indemnizar a este último con "la cantidad total y máxima de un millón de euros, más los intereses legales correspondientes", de los que se determinan ya algunos conceptos indemnizables como: por los 33 días de curación la cantidad de 3.300 euros (a razón de 100 euros por día); por los 497 días de curación la cantidad de 37.275 euros (a razón de 75 euros por día); y por los daños morales sufridos, el importe de 200.000 euros.
Se condena a la madre a diez años de prisión, ocho años sin patria potestad de sus hijos y a indemnizar al menor de ellos con un millón de euros más intereses
La procesada, sin antecedentes penales, es madre de seis hijos menores de edad, de los que vivía en Cáceres con cinco de ellos. Desde el año 2008 los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cáceres han tramitado diferentes prestaciones económicas a favor de su unidad familiar, como la concesión de una vivienda social, becas de inserción social y diversas prestaciones sociales.
Ni alimentación ni asistencia médica a su último hijo
En 2018 nació el hijo más pequeño, según recoge la sentencia. La acusada se quedó embarazada en agosto de 2017 y, a partir de entonces, dejó de cumplir con los deberes legales de asistencia a sus hijos, no llevándoles al colegio y dejándolos solos en su domicilio pese a sus cortas edades, haciendo responsable a su hijo mayor, de apenas diez años, de sus hermanos aún más pequeños.
La procesada, desde que tuvo conocimiento del embarazo de su último hijo, omitió los más elementales cuidados propios en cualquier gestante, como los controles médicos, y acabó dando a luz en su propio domicilio, asistida en el parto por su hijo de 10 años, que llamó a una vecina para que requiriese la presencia de servicios médicos, que finalmente la ingresaron en el hospital unos días.
Hasta el momento del alta hospitalaria, el bebé fue alimentado con leche materna hasta alcanzar un peso de 2.670 gramos, pero cuando llegaron al domicilio familiar, la madre dejó de prestarle la asistencia debida, no alimentándole o haciéndolo de forma insuficiente, pese a contar con recursos económicos para ello. El hijo mayor era quien se encargaba de hacer la comida y las tareas domésticas hasta el punto de ser quien se ocupaba de la alimentación y cuidar del recién nacido. Sin embargo, lo hacía de manera insuficiente, al desconocer las proporciones entre la leche en polvo y el agua que correspondían a un niño de tan corta edad, lo que fue provocando una disminución progresiva y evidente en el peso del bebé y un deterioro también progresivo y ostensible a simple vista de sus funciones neurológicas.
La madre dejó de prestarle la asistencia debida, no alimentándole o haciéndolo de forma insuficiente, pese a contar con recursos económicos para ello.
Un día, al llegar a su domicilio donde había dejado a sus hijos solos, se encontró al recién nacido "como una momia, con los huesos del cráneo marcados, las manos y los labios amoratados, y los ojos hundidos". En un primer momento se negó a llevar al bebé a urgencias alegando que solo tenía "diarrea" y que ya le había comprado suero, pero ante el "ultimátum" de su madre, accedió y el bebé fue ingresado con "desnutrición y deshidratación grave, que impresiona de larga duración, por falta de aporte alimentario desde el nacimiento y aspecto de muerte inminente", habiendo perdido un 26% de peso respecto de su nacimiento.
Evolución favorable con lesiones irreversibles
Pese a la gravedad de la situación y que le fue explicada por los médicos que atendieron a su hijo, la procesada "no mostró el más mínimo signo de preocupación o culpa por el estado en que se encontraba su hijo", no llegando incluso a coger el teléfono cuando se intentó contactar con ella. Posteriormente, tras permanecer hospitalizado durante 33 días, la evolución sanitaria del menor ha sido favorable, si bien a fecha de conclusión del juicio, en marzo de este año, seguía en tratamientos médicos y facultativos muy diversos para curar de sus lesiones.
La evolución sanitaria del menor ha sido favorable pero tiene lesiones irreversibles
El menor ha sufrido ya unas lesiones irreversibles consistentes en "una atrofia cerebral y un retraso global del desarrollo motriz y cognitivo", cuya evolución se irá viendo con el transcurso del tiempo, pero "en todo caso, el daño y sufrimiento moral se ha producido". "El niño ni siquiera es capaz caso de hablar e incluso presenta signos de aislamiento o falta de capacidad y de comunicación con terceros", se indica
