SGTEX reclama que las pruebas PCR no sólo se hagan a los trabajadores de las residencias del SEPAD.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado públicamente que las mutuas Muface y Mugeju restringen las PCR a los casi 13.000 funcionarios del Estado en Extremadura.
En un comunicado, CSIF ha informado de que ha elevado una queja al Consejo General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ante las incidencias detectadas para hacer la prueba PCR al colectivo de funcionarios del Estado acogidos a la cobertura sanitaria concertada en la región.
Al igual que en el caso de Muface, CSIF ha recopilado numerosas incidencias en la Mutualidad General Judicial (Mugeju), en las que los mutualistas que desarrollan su actividad laboral en las fiscalías y en los órganos judiciales de la región, indican las trabas que tienen que afrontar, por lo que el sindicato ha elevado también distintas quejas.
En virtud del protocolo de Muface, las compañías solo atienden aquellos casos con síntomas de especial gravedad, quedándose fuera los casos leves, las personas que han tenido un contacto estrecho con un positivo covid y las que tienen que someterse a una operación quirúrgica.
Los mutualistas se encuentran "en tierra de nadie", según el sindicato, ya que las comunidades autónomas les deniegan las pruebas por tener la sanidad concertada, mientras que las compañías concertadas indican que no están autorizadas para indicar la PCR por los protocolos y se limitan a aquellos casos con síntomas de especial gravedad.
De esta manera, según CSIF, en la mayoría de los casos se deniega directamente la prueba y se les remite al sistema público, en el que no constan sus datos ni historial clínico, por lo que es como si no existieran, o bien se les invita a llamar al teléfono covid (112) para resolver sus dudas.
Por este motivo, los 12.881 de funcionarios del Estado (9.260 de la provincia de Badajoz y 3.621 de la de Cáceres) y sus familiares acogidos a la asistencia sanitaria concertada de Muface y Mugeju en la región prefieren pagar la prueba de su bolsillo a arriesgarse a sufrir males mayores por carecer de un diagnóstico del covid-19 a tiempo, según este sindicato.
Además, ha explicado que cuando los mutualistas consiguen que les indiquen la PCR al tener síntomas graves, la prueba se demora hasta una semana desde que se asiste a consulta, con el consiguiente riesgo de contagios intrafamiliares.
CSIF también ha detectado que tanto Muface como Mugeju no ponen en marcha el protocolo de contactos estrechos con la Sanidad Pública cuando se comunica un positivo. El sindicato ha solicitado que se revisen estos protocolos de actuación y si así fuera necesario incrementar la financiación, para garantizar la equidad en la asistencia y evitar que se produzcan este tipo de incidencias por desconocimiento o falta de transparencia.
