Raquel Bravo ha asegurado que pidió diligencia para resolver los expedientes
En Mérida ha comenzado el juicio contra la exconcejala del ayuntamiento de Mérida, Raquel Bravo y tres técnicos municipales. Están acusados de prevaricación por, presuntamente, no haber intervenido de forma efectiva contra los ruidos procedentes de dos bares de copas en la calle San Salvador de la capital. El fiscal pide 4 años de prisión para ellos.
Los hechos se produjeron hace una década. Entonces uno de los locales comenzó su actividad sin licencia de apertura e incumpliendo las ordenanzas de ruidos y cierre. En el ayuntamiento constan múltiples expedientes pero no llegaron a ejecutarse.
La ex concejala de Medioambiente del Ayuntamiento de Mérida entre 2011 y 2015, ha sido la primera en declarar en esta primera jornada. Sobre las denuncias, Raquel Bravo asegura que siguieron el cauce habitual, hasta llegar a los técnicos de Medioambiente y urbanismo. Dice que en todo momento pidió diligencia y brevedad en resolverlos, a los dos instructores de expedientes.
Uno de los instructores está entre los acusados. Se trata de Fidel Muñoz, que ha desmentido en su declaración que tuviera conocimiento de las denuncias. Explica que todas le fueron entregadas en una reunión en diciembre de 2014, en bloque. Y asegura que tanto él como su compañera, pusieron en conocimiento de la concejala que no podían resolverlos por falta de personal y asesoramiento jurídico.
En el ayuntamiento constan hasta 7 expedientes pero no llegaron a ejecutarse. Hoy también han declarado los otros dos acusados, técnicos de Urbanismo y Medioambiente, que desconocen la existencia de dicha carpeta de denuncias.
El juicio continuará hasta este miércoles.
