El sindicato de transportistas de mercancías peligrosas de Portugal desconvocó ayer la huelga iniciada el pasado lunes, que llevó a declarar el estado de crisis energética en el país y fue incluso intervenida legalmente por el Gobierno del socialista António Costa.
El fin de la huelga se ha decidido en una asamblea celebrada durante la tarde de este domingo en Aveiras da Cima, a las afueras de Lisboa, donde los transportistas han votado a favor de concluir el paro para sentarse a negociar con la patronal del sector, Antram.
"Condiciones para negociar"
"Están reunidas las condiciones" para negociar, ha dicho a periodistas el presidente del sindicato, Francisco São Bento, quien ha agregado que si la patronal muestra "intransigencia" recurrirán a "otras formas de lucha", como no hacer horas extra ni trabajar durante los fines de semana.
La huelga de los transportistas de Portugal, de carácter indefinido, estaba debilitada desde el viernes, cuando la patronal y el otro convocante del paro, el Sindicato Independiente de Conductores de Mercancías (Simm), alcanzaron un acuerdo que llevó a los segundos a retirarse del paro.
Al quedarse aislado, el poderoso Sindicato Nacional de Transportistas de Materiales Peligrosos (Snmpp) abrió entonces la puerta primero a "suspender temporalmente" la huelga y después a desconvocarla para negociar con la patronal, algo por lo que finalmente se han decantado hoy.
En "emergencia energética"
Se pone así fin a un paro que reivindicaba que se cumplieran los aumentos salariales acordados con la patronal el pasado mayo y que ha generado una fuerte alarma en Portugal, en estado de crisis energética hasta el próximo día 21, según un decreto del Ejecutivo de Costa.
La protesta, que arrancó el pasado lunes 12 de agosto, tenía fijados unos servicios mínimos del 100 % para servicios prioritarios -como aeropuertos, puertos, servicios de seguridad, bomberos y emergencias médicas-, del 75 % para transporte público y del 50 % para el suministro general de ciudadanos.
Las cifras, consideradas elevadas por los sindicatos, que sostenían que de facto implicaban que no hubiese huelga, no se cumplieron en determinadas infraestructuras del país el primer día, según el Gobierno, que decretó entonces la intervención legal del paro a través de la "requisición civil".
Se trata de un instrumento límite, puesto que no solo implica sacar a militares para que efectúen los repartos, sino que permite obligar legalmente a trabajar a los huelguistas que sean necesarios para garantizar los servicios básicos. Si estos se niegan, pueden afrontar incluso penas de cárcel.
En los últimos días en varias zonas del centro y norte de Portugal el abastecimiento ha sido del 100 %, según el ministro de Ambiente luso, João Pedro Matos Fernandes, quien ha destacado los escasos efectos del paro durante este fin de semana. Se espera que la primera ronda de negociaciones entre sindicatos y patronal, ya con la huelga acabada, comience el próximo martes.
TEXTO EFE:
IMAGEN: Canal Extremadura
