El comisario extremeño jubilado Enrique García Castaño, uno de los principales acusados del juicio a José Manuel Villarejo por presuntos encargos de espionaje, ha quedado fuera del procedimiento que sigue la Audiencia Nacional tras sufrir un ictus "grave" el pasado 1 de mayo.
Así lo ha anunciado la presidenta del tribunal que juzga estos hechos, Ángela Murillo, al inicio de la sesión de este martes, en la que se seguirán escuchando audios intervenidos a Villarejo a raíz de su detención en la operación Tándem.
Murillo ha comunicado "in voce" que en una ampliación de su informe sobre el estado de salud de García Castaño el médico forense ha señalado que "en un plazo de seis meses no podrá valorar su estado ni cuál será su evolución".
Ante eso, el tribunal, "vista la enfermedad que padece", ha acordado suspender el juicio para él y, tras informar de ello la presidenta, ha permitido a su abogado, Aitor Martínez, "abandonar los estrados".
García Castaño, sufrió "un ictus grave cuando se encontraba pasando el puente en su pueblo", Coria (Cáceres), según expuso su abogado tras pedir que le examinara un médico forense en aras a sacarle del juicio por incapacidad.
Apodado en el entorno policial como El Gordo, su nombre era muy conocido entre la Policía por haber dirigido durante años la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y por su dilatada experiencia en la lucha contra el terrorismo.
En este juicio, donde la Fiscalía pedía en torno a 87 años de prisión para él, estaba acusado de proporcionar información policial confidencial para los supuestos proyectos de espionaje encomendados a Villarejo por terceros, poniendo así a su servicio su capacidad de conseguir información "obteniendo un relevante lucro por ello".
Anticorrupción hablaba incluso de un "consorcio criminal" entre ambos, que se remontaría al 2005, por el que Villarejo "remuneraba la ilícita información que le facilitaba" García Castaño con entregas periódicas de dinero en efectivo y otras dádivas por unos 3.000 euros mensuales, más el pago de su alquiler por 16.000 euros anuales durante el tiempo en que duraron los proyectos Iron y Land, por los que está acusado.
Ante el tribunal García Castaño no sólo negó todas las acusaciones que pesaban contra él, sino que defendió en parte a Villarejo, a quien dibujó como un "monstruo" creado por "los políticos", un agente con "perfecta autorización" para usar sus empresas en operaciones de inteligencia y cuyo "buen hacer" se fue "al cubo de la basura" por sus numerosas grabaciones.
No era la primera vez que este comisario, encuadrado dentro de la llamada policía patriótica, hablaba con naturalidad de la existencia de figuras como Villarejo dentro del Cuerpo. También lo hizo en el Congreso, cuando habló sin muchos tapujos de la operación Kitchen, un supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de documentos comprometedores para el partido.
Su estado de salud de García Castaño podría también dejarle por tanto fuera de otras piezas de Tándem como Kitchen en la que ya esta procesado en la Audiencia Nacional junto a altos cargos como el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, si bien la decisión de declararle inimputable también tendrá efectos en este procedimiento.
García Castaño siempre ha subrayado su voluntad de colaborar en estas causas e incluso pidió sin éxito al juez que se incluyese expresamente en el auto de procesamiento su colaboración con la Justicia.
En el Congreso compareció hasta en dos ocasiones y apuntó que fue el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino quien le encargó participar y que habló del tema en varias ocasiones con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, pero precisó que no se llamaba Kitchen y pretendía averiguar "el dinero, los testaferros y cuánta cantidad se había llevado" Bárcenas al extranjero.
Pero más allá de esta operación, su comparecencia destacó por la defensa que enarboló de sus servicios en la Policía durante casi cuarenta y cinco años. Subestimó a quienes hablan de "cloacas del Estado" de forma negativa porque esa es "una forma de proteger al Estado", y dejó claro que "todo el mundo sabía" que Villarejo tenía sus empresas y su "cobertura".
