La decisión final sobre el derribo de Valdecañas se retrasa de nuevo. El Tribunal Constitucional tiene dudas sobre si la ley que legalizaba las construcciones en 55 zonas zepa, incluida Valdecañas, anula el derribo del complejo. Algunos magistrados opinan que este texto legal, aprobado en la Asamblea de Extremadura en 2023, no puede interferir en la resolución judicial del Tribunal Supremo ordenando el derribo de Valdecañas. Sin embargo, seis de los miembros del Alto Tribunal creen que esta ley deja sin objeto la ejecución de la sentencia.
Por eso va a preguntar a las partes qué posición defiende cada uno en esta dicotomía. La Junta, parar el derribo. Tampoco tiene notificación el alcalde de Berrocalejo, parte implicada en la causa. Los ecologistas insisten en la demolición de la que culpan a la Junta de Extremadura, por alargar el proceso. Los propietarios de las viviendas, como es lógico, consideraban también legalizado el complejo con la ley de 2023.
Pero habrá que esperar al Constitucional, cuya retrasarse años a un asunto que ya lleva en los juzgados más de 15 años.
