El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo considera que es necesario mejorar las condiciones laborales de los educadores sociales, tras el asesinato de Belén, supuestamente a manos de tres menores en un piso tutelado de Badajoz donde trabajaba.
Reunión con los educadores sociales
Gabilondo ha destacado la importancia de esta medida después de reunirse este miércoles con una delegación del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales encabezada por su presidenta, Lourdes Menacho. En el encuentro, también ha estado presente María Victoria Rodríguez, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura.
El encuentro se ha celebrado a raíz del asesinato de la educadora social extremeña el pasado 9 de marzo. Durante la reunión, el Defensor del Pueblo ha informado sobre las actuaciones iniciadas de oficio por su institución ante la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Fiscalía General del Estado para esclarecer el caso y mejorar las condiciones del sector.
Condiciones de los trabajadores
Uno de los temas centrales del encuentro ha sido la evaluación de las condiciones en las que trabajan los educadores sociales, además de la normativa vigente en materia de protección social, derechos laborales y seguridad. También se ha abordado el papel de las administraciones públicas en la regulación y supervisión de estos centros.
Gabilondo ha destacado la importancia de la inspección de los centros y de las condiciones en las que se encuentran tanto los internos como los trabajadores. Según ha señalado durante la reunión, es fundamental atender la seguridad de los profesionales que desempeñan labores de custodia y asistencia en estos espacios, incluyendo al personal sanitario y educativo.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha puesto de manifiesto la existencia de problemas estructurales en la organización y en las plantillas de personal en estos centros, lo que dificulta, considera, el desempeño seguro y eficaz de sus funciones.

La ministra de Juventud e Infancia ve "absolutamente razonable" las demandas de los educadores sociales tras el caso de Badajoz