El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2024, que se eleva a la cifra récord de 199.120 millones de euros, lo que supone un 0,5% más respecto al ejercicio anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Con este paso, el Ejecutivo da el pistoletazo de salida para la elaboración de las primeras cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar, que tienen como objetivo consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.
"Este Gobierno se guiará, como el anterior, por el rigor en las cuentas públicas y la prudencia a la hora de presupuestar por el compromiso con la consolidación fiscal", ha asegurado la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2024, que por cuarto año consecutivo se sitúa en máximos.
Según la titular de Hacienda, se trata de un límite de gasto "realista" y "prudente", que cuenta con margen para tomar o prorrogar alguna de las medidas aprobadas para combatir el alza de los precios "si fuera necesario". "Una decisión que adoptaremos antes de que acabe este mes en función de los últimos datos que tengamos disponibles, pero siempre pensando en el interés general", ha enfatizado la ministra.
Junto a la aprobación del 'techo de gasto', el Gobierno ha aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria, que apuntan a un objetivo de déficit de las Administraciones Públicas en 2024 del 3% del PIB en 2024, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026. "España cumplirá con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea", ha recalcado Montero.
También se ha aprobado hoy el plan de reequilibrio para corregir deviaciones presupuestarias producidas por las circunstancias excepcionales que llevaron a la suspensión de las reglas fiscales en 2020 por el impacto de la pandemia. Este plan recoge esa senda de reducción de déficit que supone rebajarlo hasta el 3% del PIB el próximo año.
"Con este plan cumplimos con la ley de estabilidad presupuestaria, una vez que hemos evaluado que las situaciones de emergencia han provocado esos desequilibrios que tienen que ser corregidos para volver a la senda de consolidación fiscal", ha explicado Montero.
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para después remitirlo todo a las Cortes.
Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno --no el techo de gasto, que no se vota--, que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
En esta ocasión existía la incertidumbre de qué pasará en el Senado, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.
Pero el Gobierno cuenta con un informe jurídico, elaborado por la Abogacía del Estado, que permitirá la tramitación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2024, pese al posible bloqueo en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
El informe establece que el Gobierno podrá acudir, según la ley orgánica, en dos ocasiones a intentar aprobar en las Cortes Generales los objetivos de estabilidad para los próximos tres años. El plazo máximo de intervalo entre la primera remisión de objetivos y la segunda no puede superar el mes.
En caso de que en dos ocasiones no se apruebe por alguna de las Cámaras esos objetivos de estabilidad, el proyecto de Presupuestos se basará en lo dispuesto en el plan que se remitió a Bruselas en el mes de abril, el Programa de Estabilidad.
Los objetivos de estabilidad aprobados por Hacienda fijan el déficit de las comunidades en el 0,1% del PIB y estipulan para los ayuntamientos un objetivo de estabilidad presupuestaria.
Los anteriores, que se aplicarían si el PP rechaza en el Senado la senda del Gobierno, fijan la estabilidad presupuestaria para CCAA y un superávit del 0,2% para ayuntamientos, lo que supone dar menos margen para el gasto de ambas Administraciones.
