El PSOE de Extremadura ha considerado que, una vez analizadas las declaraciones de bienes, "hay al menos 42 cargos públicos" de la Junta de Extremadura, que "pueden estar en conflicto de intereses", entre los que hay casos "poderosamente llamativos" ante los que los socialistas han pedido "documentos de inhibición".
Entre esos casos se encuentra el de "gente que ha pertenecido como un cargo de alta responsabilidad a una empresa de telecomunicaciones", y que ahora mismo tiene competencias en el ámbito de la transformación digital, u otro de gente que "tiene mucha responsabilidad en el ámbito de la cultura y que ha tenido una empresa y se le hayan concedido determinadas subvenciones".
Así lo ha destacado el portavoz de Administración Pública del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, quien ha apuntado que en este caso es necesario aclarar "si esa empresa la dejó antes, la dejó después o cuándo la ha dejado", ya que según ha recordado, "hay dos años desde que tú dejas de pertenecer a una determinada empresa, a una determinada organización, para cese la incompatibilidad o el conflicto de intereses".
Vergeles ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras registrar una queja este miércoles ante la autoridad independiente del Consejo de Transparencia de un Gobierno, ya que a su juicio se trata de un asunto "lo suficientemente grave".
En su intervención, José María Vergeles ha justificado esta queja del PSOE por varias razones, como que recién nombrados los consejeros del nuevo gobierno la Junta de Extremadura se aprobó una modificación de una ley que "impedía que los cargos que fuesen nombrados con carácter previo compareciesen en la Asamblea de Extremadura", tras lo que ha señalado que esas comparecencias "no sólo se valoraba la idoneidad de la persona para ocupar ese cargo, sino también el posible conflicto de interés".
Además, ha señalado que el Grupo Parlamentario Socialista ha realizado varias preguntas parlamentarias en las que solicitaba los documentos de conflictos de intereses de las personas que provenían de la empresa privada y que a su juicio "podían tener algún conflicto de intereses", pero la Junta les ha "remitido a la legislación ordinaria sin contestar al Grupo Parlamentario Socialista", y por lo que el PSOE ha presentado una queja a la Mesa de la Asamblea, que ha sido admitida.
Sin embargo, Vergeles ha lamentado que "el hecho más grave y el más singular" ha ocurrido este mismo miércoles en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea, en la que "no se ha presentado nadie a responder" a una pregunta del PSOE, algo que según ha dicho "es la primera vez que pasa en toda la historia del parlamentarismo extremeño.
"Entendemos que se están dando pasos atrás, que se está retrocediendo en lo que es la transparencia, y si no hay transparencia no hay buen gobierno", ha considerado el portavoz socialista de Administración Pública, quien ha criticado que esta situación "excede del ámbito autonómico" y ha rechazado que "esto sea una costumbre".
Ante esta situación, el PSOE ha decidido elevar una queja al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ya que a su juicio es un asunto "absolutamente grave.
Finalmente, una vez presentada esta queja, ahora tiene que ser admitida por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras lo cual se debatirá en pleno y "a continuación emite una resolución que puede ser una recomendación o que puede ser una obligación de hacer determinadas publicaciones", ha explicado Vergeles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario ha solicitado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que "emita una resolución y haga que la Junta de Extremadura haga público, transparente y abierta a la ciudadanía el registro de conflictos de intereses, que es lo que nos parece que ahora mismo tiene más importancia", ha concluido.
