El conflicto inédito de Muface se enreda aún más. Tres semanas después de que las aseguradoras privadas dejaran desierta la licitación alegando pérdidas, Sanidad entra de lleno en la polémica.
El ministerio que lidera Mónica García dice en un informe que el sistema mutualista no es sostenible y plantea ponerle fin en nueve meses.
Desmantelar el sistema
Para ello propone redirigir la financiación que antes iba a compañías privadas a la sanidad pública y trasvasar a todos los funcionarios: un millón y medio en España; 45.000 en Extremadura. Una opción, aseguran, viable.
Las reacciones en Extremadura no han tardado en llegar. Desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) muestran su máxima preocupación, piden detalles del informe y advierten de que si las actuales primas no son suficientes para garantizar una cobertura adecuada, tampoco lo serían para el sistema público de salud. Y además, añaden, que no aceptarán que esta medida conlleve un deterioro en la atención del paciente o aumente las listas de espera.
En la misma línea, se manifiestan los médicos. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, Evelio Robles, dice que "asumir a los funcionarios en una región tan envejecida como la nuestra conllevaría más listas de espera, más retraso en el diagnóstico y peor atención para todos los pacientes".
"Conllevaría más listas de espera, más retraso en el diagnóstico y peor atención"
Y desde el sindicato CSIF, mayoritario entre los trabajadores públicos, no sólo rechazan la propuesta, sino que avisan de que darán la batalla. Su presidente en la región, Benito Román, asegura que no descartan incluso "ir a la huelga para que no desmantelen Muface".
"Incluso ir a la huelga para que no desmantelen Muface"
Y es que Extremadura sería junto a Andalucía y Castilla y León las CCAA más afectadas porque tienen mayor porcentaje de población mutualista de más de 65 años.
En el aire la asistencia sanitaria de MUFACE para un millón y medio de empleados públicos, 45.000 en Extremadura
