La financiación autonómica se ha situado en medio del debate político y los futuros pactos de gobierno. Un sistema que lleva sin actualizarse más de 14 años, desde 2009 y que consigue sus fondos de las propias comunidades. No afecta al País Vasco y Navarra, tienen sus propios sistemas de financiación, ni a las ciudades autónomas.
Afecta al resto de autonomías del Estado español, prácticamente todas. Los gobiernos hacen una previsión de cuánto van a recaudar de los impuestos cedidos a las comunidades, el IBI, que está totalmente cedido, o estatales como el IVA o IRPF. Con esa previsión, el Estado hace entregas a cuenta mensuales.
Deudas de las comunidades
Actualmente el modelo que se sigue corresponde a la población ajustada, la población se pondera con criterios como franjas de edad, superficie, dispersión o islas. Extremadura llegó a crear en 2016 la Comisión de Expertos para proponer medidas de cambio en ese modelo. La autonomía y la corresponsabilidad siempre han sido criterios claros a la hora de redistribuir esos fondos. El Estado es quien reparte los fondos. Ahora, con el sistema actual, los expertos afirman que "Extremadura sale beneficiada".
Muchas comunidades exigen un cambio en el modelo, precisamente, porque aportan más, añaden, de lo que reciben. Pero distintos expertos consultados añaden que no es el momento para cambiar el modelo, habría que condonar las deudas de todas las autonomías. Pero reconocen que no ha sido nunca un reparto equitativo, incluye diferencias y desigualdades evidentes.
En la entrevista, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Federación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, detalla cada uno de los cinco pasos.
