Cuando hablamos de la España Vacía, lo hacemos en referencia a la despoblación y a la falta de servicios públicos. Uno de ellos, fundamental, es el de la seguridad ciudadana. Según el profesor de criminología de la Universidad de Extremadura, Jordi Ortiz, el 30% de las personas que viven en entornos rurales no se sienten seguras en sus municipios. Es uno de los resultados de un estudio que ha plasmado en el libro 'Mitos y realidad: un estudio criminológico sobre la seguridad en las comunidades rurales de Extremadura'.
Entre las causas de esta inseguridad está, sobre todo, la falta de efectivos policiales. También, apunta Jordi Ortiz, la falta de iluminación en las calles, algo que preocupa, sobre todo, a las mujeres; o el tiempo que tardan los servicios policiales en llegar a estas zonas.
Por ejemplo, en Las Hurdes, sólo hay tres cuarteles de la Guardia Civil para toda la comarca. En uno de sus municipios, en Ladrillar, el cuartel más cercano está en Nuñomoral, a 35 minutos por una carretera estrecha y sinuosa. Su teniente de alcalde, Pedro Bravo, dice que hay cierta sensación de abandono y de miedo entre la población, que es sobre todo anciana y vulnerable a ciertos tipos de engaños, como el timo de la bombona de butano. Los ayuntamientos tienen pocos medios para solucionar este problema y se apoyan entre los vecinos para dar aviso en caso de que haya algún incidente.
Para Jordi Ortiz es importante que se note la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en los municipios, porque crean vínculos entre la población y fomenta que se sientan más seguros. Destaca la diferencia de efectivos policiales entre la provincia de Cáceres y Badajoz y señala que el norte cacereño está más desprotegido.Otro de los problemas, a la hora de establecer medidas contra la criminalidad en las zonas rurales es la falta de datos. En Extremadura, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, no hay información sobre la tasa de criminalidad.
En su estudio, el profesor de criminología de la UEX remarca la necesidad de que la gestión de la seguridad pública no se haga, exclusivamente, pensando en las grandes ciudades. En todo el país, el 80% de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes y el 17-18% de la población de todo el país vive en ellos.
