Como cada año, en torno al día 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, las instituciones incrementan los llamamientos a denunciar las violencias que acechan a las mujeres por el hecho de serlo. El pasado viernes, la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell era categórica al respecto cuando señalaba que "la forma de salir de la violencia es denunciarla, pedir ayuda al Estado, que tiene un compromiso firme por prestar esa ayuda y realizar una protección integral".
"Entran en la comisaría de Policía como denunciantes y a partir de ahí, se les inicia la apertura de un proceso administrativo de expulsión. No son delincuentes"
Pero no es la realidad, ni la documentación administrativa pormenorizada con la que nos ha puesto en contacto la asociación extremeña Ayujara. El colectivo demuestra que, cuando las denunciantes son mujeres migrantes en situación irregular, el Estado no sale a su encuentro para ayudarles. "Entran en la comisaría de Policía como denunciantes y, a partir de ello, se les inicia la apertura de un proceso administrativo de expulsión", indica la licenciada en derecho Diana Tamayo, miembro del colectivo y curtida en este tipo de acompañamientos jurídicos.
Tamayo afirma que actuaciones así generan impunidad y deja en una situación de grave indefensión a las mujeres frente a la violencia. Estas decisiones, añade, "no valora las violencias de las que muchas huyen de sus países y les envía un mensaje que las equipara con delincuentes". La Licenciada en derecho lude a una criminalización de la inmigración irregular desproporcionada. "Es cierto que se trata de una vulneración de una norma administrativa, pero se le da un tratamiento punitivo que no corresponde".
De la mano de la asociación Ayujara entramos en contacto con una madre y su hija a las que, en esta crónica, para garantizar su protección, daremos los nombres de Carmen y Lupe.
Lupe puso a salvo a su madre, pero batalla dos años más tarde para regularizar su situación
Ambas llegaron a España huyendo de la violencia en su país y nos cuentan que soportaron el maltrato de la pareja de Carmen, con un miedo fundado: "Nos decía, ustedes no pueden denunciar nada. Si me denuncian, a ustedes las mandan a su país".
"Mi hija me decía, tenemos que llamar a la Policía, sino nos va a matar"
Carmen traslada que cuando la situación de violencia se incrementó más allá de las amenazas y llegaron los golpes, a pesar del miedo que tenían de ir a la Policía, se atrevieron a denunciar: "Mi hija me decía, tenemos que llamar a la Policía, sino nos va a matar".
Formalizaron la denuncia de las agresiones de manera conjunta, pero en la citación posterior las convocaron a ambas con roles distintos: a Carmen como agredida y a su hija solo como denunciante. "Yo hice lo que la señora de extranjería me dijo, no podía creer que pasara nada malo. Pero cuando llegó mi hija la hicieron pasar solo a ella y salió con los papeles para la orden de expulsión".
En el caso de su hija, a diferencia de su madre, al ser considerada testigo y no víctima de violencia de género, disponía de 15 días para abandonar el país. Desde entonces, madre e hija nos relatan un calvario que dos años más tarde perdura, y que ha hecho de la ansiedad, medicación incluida, sus compañeras de viaje.
Todo a partir de una denuncia que, efectivamente logró poner a salvo a Carmen, que obtuvo un permiso de residencia tras su reconocimiento como víctima de violencia de genero, pero no a su hija. Lupe, quien dio el pasó de denunciar, sigue aun batallando para demostrar su arraigo y que no se abra en más ocasiones su orden de expulsión, pues sigue estando en situación irregular en España.
María, tras denunciar las agresiones de su empleador ha perdido su trabajo y lidia con un proceso de expulsión.
Otro de los casos que hemos podido documentar y conocer en conexión con Ayujara nos lleva hasta otras violencias contra las mujeres que no se circunscriben al ámbito de parejas o exparejas. Situaciones que hacen recordar el anuncio de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que el pasado viernes dijo que desde el próximo 1 de enero de 2022 se incluirá en el computo de feminicidios también otras violencias ejercidas por empleadores, compañeros o desconocidos.
"No me defendí porque yo tengo tres hijos, tengo por quien vivir"
La mujer, a quien en esta crónica para su protección, llamaremos María, no quiso formar parte de ese computo de mujeres asesinadas. Vive en Extremadura como migrante en situación irregular y hasta hace unos días trabajaba como interna en una casa cuidando de una anciana, a pesar del acoso de uno de sus hijos : "Él siempre iba detrás de mí, buscaba la manera de rozarme, y yo no le hacía caso, esos eran sus enojos".
María relata que un día se generó una situación especialmente violenta, "no me defendí porque yo tengo tres hijos, tengo por quien vivir", explica María.
Animada por la hermana de su agresor fueron juntas a denunciarlo. A los pocos días fue citada por la policía pero no para profundizar en su denuncia sino para retirarle el pasaporte: "me pusieron una orden de expulsión, como si yo fuera la culpable".
Y además, perdió su empleo.
María afirma, convencida, que si llega a saber que este sería el desenlace, "no hubiera denunciado". Una idea que también reitera Carmen y que convierte en consejo para todas las personas en situación irregular que conoce: "No vayas a a Policía, no vayas, porque si no tienes documentos, te hacen una orden de expulsión, y te vas".
"Es un gran riesgo que se extienda el miedo a ser deportadas si se pide auxilio a la policía"
Que se extienda este miedo a ser deportadas si se acude a pedir auxilio a la policía, es uno de los grandes riesgos derivados de actuaciones así.
"Es importante que todas las mujeres en esta situación busquen ayuda en organizaciones especializadas en apoyo a la migración y la violencia"
Alerta sobre ello la licenciada en Derecho Diana Tamayo, que aconseja a todas las mujeres en situación irregular a que, "amparadas en las sentencias, tanto del Tribunal Supremo de la Unión Europea como de recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, den la batalla en sus procesos de expulsión, aportando pruebas que demuestren su arraigo social, familiar y la ausencia de antecedentes penales, como argumentos para pedir el archivo de los procedimientos de expulsión, en aras de la aplicación de los principios de proporcionalidad y necesidad".
Tamayo anima a todas las mujeres en esta situación a que busquen ayuda en organizaciones especializadas.
Canal Extremadura se ha puesto en contacto el pasado lunes con la Delegación del Gobierno en Extremadura con la intención de contrastar, una vez conocidos y documentado estos casos, bajo qué razones se priorizan los protocolos de actuación de extranjería frente a los de protección de las violencias de la ciudadanía por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De momento, no ha emitido respuesta alguna al respecto. Tampoco sobre otra de las cuestiones planteadas, sobre la situación de vulnerabilidad frente a las violencias en la que quedan las personas en situación irregular en España.
Las mismas cuestiones han sido planteadas el 25 de noviembre a varios ministerios del Gobierno de España, el Ministerio del Interior, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como a la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. A fecha de 3 de diciembre solo ha respondido a la solicitud de información el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que lo hizo el mismo día 25 de noviembre, fecha en la que publicó una instrucción que unifica y garantiza la protección a todas las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, pero que, deja fuera de protección a las mujeres que denuncian para poner a salvo a otra, o a quienes son agredidas por hombres que no son sus parejas o exparejas, como puedan ser empleadores, vecinos o compañeros de trabajo. Dicho ministerio recuerda que su competencia en esta materia es exclusivamente de documentación y que las cuestiones planteadas, incluida la de las aperturas de expedientes administrativos de expulsión, son competencia del Ministerio del Interior.
