El Gobierno ha convocado para este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de informar a las comunidades autónomas de los objetivos de estabilidad que servirán de referencia para preparar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024.
Este órgano, del que forman parte los gobiernos central y autonómicos, debe emitir un informe previo a la aprobación de esa senda de estabilidad, que también debe ser tenida en cuenta para la preparación de los presupuestos de cada una de las comunidades.
El CPFF se reunirá el mismo día que finaliza el plazo para que los distintos centros gestores de los ministerios remitan a la Dirección General de Presupuestos sus propuestas para el proyecto presupuestario, una ley que el Gobierno quiere llevar cuando antes al Congreso. Eso sí, dado que no habrá nuevas cuentas antes del 31 de diciembre, habrá que prorrogar las de este año hasta que puedan aprobarse las de 2024.
De cara al próximo ejercicio, el Gobierno --en ese momento en funciones-- remitió en octubre el plan presupuestario de 2024 a Bruselas, que incluía una previsión del déficit en el entorno del 3% para el año próximo y una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023.
El plan contemplaba una flexibilización del déficit para las comunidades autónomas en 2024, con una tasa del 0,1%, frente al equilibrio presupuestario recogido en el Programa de Estabilidad del pasado abril. Esa décima de más margen para las comunidades autónomas será asumida por la Administración Central, cuyo déficit en 2024 será del 2,9%, frente al 3% de la previsión anterior.
Por su parte, la Seguridad Social mantiene el déficit previsto en el 0,2% para 2024, tal y como figuraba en el Programa de Estabilidad. Para las entidades locales se mantiene también la proyección de un superávit del 0,2% para el próximo año.
La Comisión Europea ha dado ya su visto bueno al proyecto presupuestario de España, pero ha instado al nuevo Gobierno a presentar un plan actualizado "lo antes posible", ya que el actual fue remitido en octubre por el Ejecutivo en funciones --como el caso de Eslovaquia, Luxemburgo y Países Bajos--, al tiempo que advertido de que el país afrontará una situación fiscal "muy difícil" en 2024 con un déficit por encima del límite del 3% y una deuda "bastante elevada".
Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, antes que el proyecto de las cuentas públicas, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros tanto el límite de gasto no financiero --techo de gasto-- como los objetivos de estabilidad presupuestaria, previo informe del CPFF, para después remitir todo a las Cortes.
Las Cortes Generales se pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno, que en esta ocasión deberán estar alineados con las normas fiscales europeas, tras años suspendidas por la pandemia.
En esta ocasión existe la incertidumbre qué pasará en el Senado, puesto que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y podría rechazar los objetivos de déficit y deuda que acompañan al techo de gasto.
Desde el Gobierno insisten en que cuentan con seguridad jurídica para poder redactar las cuentas públicas incluso si el Senado tumba la senda de estabilidad.
La última vez que esto ocurrió fue en 2018, cuando el PP rechazó en la Cámara Alta el techo de gasto del Gobierno de Pedro Sánchez para el año de 2019. Aquella vez, el Ejecutivo decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso --el Senado no tiene poder para vetar el proyecto--.
Ahora, no obstante, el escenario es más incierto ya que, con las reglas fiscales europeas suspendidas desde 2020, no existen tales objetivos fijos de ejercicios pasados recientes, aunque sí referencias orientativas en cuadros macroeconómicos del año anterior y en los planes presupuestarios enviados a Bruselas.
Así las cosas, la previsión de la vicepresidente cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, es tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 a lo largo del primer trimestre del año con el apoyo de los socios del PSOE en el Congreso, pues su respaldo a las cuentas públicas "formó parte de las conversaciones" de los pactos de investidura.
El PSOE ya intentó en 2018 introducir una reforma legal para sortear un veto del PP en el Senado, de modo que si sólo era la Cámara Alta la que rechazaba los objetivos presupuestarios del Gobierno, valía con que volviera al Congreso para poder aprobarse el techo de gasto con una mayoría simple, es decir, con más votos a favor que en contra.
Se trataba de una enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que los socialistas querían introducir a una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
"Si aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por el Congreso, los mismos fuesen rechazados por el Senado, dichos objetivos se someterán a una nueva votación en el Congreso, aprobándose si este los ratifica por mayoría simple", rezaba la enmienda del PSOE, que nunca se introdujo a la ley citada.
Desde el PP ya han advertido de que la formación recurrirá a instancias nacionales y europeas si el Gobierno acaba llevando a cabo una reforma de la Ley Presupuestaria para sortear la capacidad de veto irrevocable que tiene el Senado sobre los objetivos de estabilidad y deuda pública, prólogo de la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
