Más del 30 por ciento de la superficie de Extremadura está incluida en la Red Natura 2000, la red de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Esta cifra, aunque elevada, se encuentra dentro de la media nacional. Manuel Herrero, experto en urbanismo y secretario del Colegio de Arquitectos de Extremadura, explica que la proporción de suelo protegido en Extremadura es similar a la del resto de comunidades autónomas (menor, por ejemplo, que Madrid que llega al 40 por ciento), aunque destaca que en términos de suelo protegido por habitante, Extremadura está muy por encima de la media.
Hasta 2019, se permitían ciertos usos del suelo compatibles con la protección ambiental en estas zonas. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras la sentencia contra el complejo turístico de Valdecañas. Herrero señala que la sentencia del Tribunal Constitucional consideró incompatible cualquier actividad urbanística o transformación del suelo con la protección ambiental, lo que ha generado problemas significativos para muchos municipios de Extremadura "al impedir absolutamente cualquier tipo de actividad", afirma Herrero, resaltando que más de 60 municipios, incluido Cáceres, se ven completamente afectados por esta restricción, dificultando el desarrollo de grandes proyectos como el complejo Buda o nuevos parques fotovoltaicos.
Recuperar el equilibrio, ni fácil ni rápido
Para resolver esta situación, Herrero plantea dos posibles escenarios. El primero implica una acción legislativa que "afine" los usos permitidos en estas áreas protegidas, buscando una mayor compatibilidad entre conservación y desarrollo. El segundo escenario sugiere la "redelimitación" de la zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) con la intervención de la Comunidad Europea, para replantear las áreas protegidas de acuerdo con las necesidades y usos actuales. No obstante, el experto en urbanismo reconoce que ambos mecanismos son complejos y requerirán mucho tiempo y voluntad política para ser implementados.
