En la sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura celebrada este jueves, la relación entre el Partido Popular y Vox ha evidenciado una menor tensión que en los últimos plenos, aunque sigue siendo evidente el distanciamiento. Vox le ha vuelto a recordar que están en minoría y solo les darán apoyos puntuales en algunos medidas como ocurrió con el decreto de medidas fiscales, y ha puesto de nuevo en entredicho la estabilidad de la legislatura. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, insistió en la disposición del gobierno a dialogar y tender la mano a todos los grupos políticos.
Ley LGTBI
Por otro lado, Unidas por Extremadura ha cuestionado al Ejecutivo regional sobre la posible derogación de la Ley de Igualdad Social LGTBI, propuesta por Vox, y ha criticado la ausencia de campañas dirigidas a este colectivo. La diputada Nerea Fernández ha mostrado sus dudas sobre la firmeza del compromiso del PP con dicha ley, recordando situaciones anteriores en las que se pactaron derogaciones con Vox.
La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, y portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, ha respondido, manifestando el "más absoluto rechazo" del gobierno a la derogación de la Ley de Igualdad LGTBI. Bazaga ha recalcado que la administración trabaja por una Extremadura libre, diversa y plural, y que la derogación de dicha ley "no se ha cuestionado, no se está cuestionando y no se cuestionará".
Además, Bazaga ha destacado el incremento en la dotación de las oficinas LGTBI de Cáceres y Badajoz, pasando de 60.000 a 75.000 euros cada una, para actuar contra los delitos de odio. También ha mencionado la colaboración con la Secretaría General de Educación y Servicios Sociales para implementar programas contra el acoso escolar en centros educativos, y el apoyo a las Oficinas contra los Delitos de Odio por LGTBIfobia, especialmente en el ámbito rural, para evitar el llamado "sexilio".
En esta sesión plenaria también se ha cuestionado a la consejera de Salud por los nuevos menores migrantes que recibirá Extremadura. De momento la junta ha reconocido que aún no sabe cuántos llegarán a la región.
La Junta asegura que la derogación de la Ley de Memoria Histórica no supondrá modificaciones en otras, como la Ley LGTBI
