La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha presentado un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra la orden de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio que estableció el "cupo cero" para la tórtola en la región.
El recurso se ha interpuesto concretamente contra la orden de 11 de octubre de 2021 por la que se modificaba tanto la norma de 27 de marzo de 2020 general de vedas de caza para la temporada 2020-21 como la de 29 de mayo de 2013 por la que se aprobaban los modelos oficiales de planes técnicos de caza, según informa en un comunicado.
La entidad ha recurrido la orden de 2021 al entender que existe "una ausencia de motivación jurídica y técnica", y además "la situación de Extremadura no justifica la situación adoptada", además de existir "la posibilidad de implementar otras alternativas con menos impacto que no se han tenido en cuenta".
Según ha explicado la federación, los motivos que usó la consejería para justificar el cupo cero "son claramente insuficientes y no se asientan en criterios técnicos".
"El Ejecutivo regional, en línea con el Gobierno de España, hace suyas con esta medida las conclusiones del dictamen motivado de la Comisión Europea relativas a la situación de la tórtola común, en el sentido de considerar la cuota cero como única opción creíble", ha señalado.
Sin embargo, Fedexcaza ha recordado que los dictámenes que emite la Comisión Europea "son meras declaraciones que no producen efecto jurídico vinculante frente a los destinatarios".
No en vano, la propia resolución de la Junta "recoge expresamente que acepta las recomendaciones de la Comisión, es decir que no está cumpliendo una obligación jurídica impuesta".
Fedexcaza ha incidido por tanto en que, en realidad, la orden regional impugnada "no está basada en una imposición jurídica, y tiene de esta forma un escaso sustento jurídico".
En esta línea, argumenta en su recurso que el cupo cero supone "una vulneración del derecho al respeto al medio ambiente expresado en la Constitución y a la ley de principios de buena regulación"
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