27 Marzo 2025, 13:10
Actualizado 27 Marzo 2025, 13:10

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha reafirmado el "firme compromiso" del Gobierno autonómico para "mejorar" el sistema de protección de menores y los pisos tutelados en Extremadura. Según ha indicado en la Asamblea, estos cambios requieren una implicación conjunta de todos los agentes implicados. Desde hace meses, su consejería mantiene, asegura, un "diálogo abierto" con trabajadores, colegios profesionales, asociaciones y empresas concesionarias de los recursos de menores, con el objetivo de escuchar sus propuestas y demandas de cara a la elaboración de nuevos pliegos que mejoren la situación actual.

Cambios en el sistema y responsabilidades

En el pleno de la Asamblea, el portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández Calle, ha señalado que la "herencia" recibida en materia de protección de menores "es terrible" y ha pedido al Gobierno regional que no eluda el debate ni las responsabilidades tras la reciente muerte de una trabajadora de un piso tutelado en Badajoz. Ha exigido "depuración de responsabilidades políticas al más alto nivel" y mejoras en las condiciones de trabajo y seguridad de los profesionales del sector.

Óscar Fernández también considera que la situación podría empeorar con la llegada de menores extranjeros no acompañados lo que, según él, generará una mayor masificación en los centros.

Por su parte, la consejera Sara García Espada ha defendido las medidas adoptadas hasta el momento por la Junta de Extremadura. Entre ellas, ha destacado la campaña 'Sé parte de su historia', que ha recibido 51 solicitudes de acogimiento familiar; el aumento del 115 % en las ayudas a familias acogedoras; y la licitación de un servicio de intervención terapéutica para menores en el sistema de protección.

Asimismo, ha informado de que el Ejecutivo autonómico ha destinado seis millones de euros a la reforma y mantenimiento de los centros de menores, que se encontraban en una situación "muy mejorable" al inicio de la legislatura.

Desde el PSOE, Isabel Gil Rosiña pide una revisión integral del sistema de protección de menores y desde Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos modificar el contrato del servicio para reforzar las plantillas.