La justicia da la razón al Ayuntamiento de Badajoz en la pugna que mantenía con la Diputación de Badajoz. La jueza revoca el decreto aprobado por la entidad provincial que retiraba subvenciones a municipios que no hubieran eliminado los vestigios franquistas. El auto considera que un informe de un Comité de Expertos no tienen potestad para decidir si se está cumpliendo o no con lo dictado con el catálogo de vestigios franquistas en particular y con la Ley de la Memoria Histórica en general. En unos términos taxativos, el auto considera que el procedimiento establecido en las bases del Plan Dinamiza para excluir de las ayudas a los ayuntamientos que señalase el Comité de Expertos "carece de cobertura legal alguna".
7 Junio 2019, 11:43
Actualizado 14 Enero 2021, 02:48