El Congreso de los Diputados ha registrado este lunes la propuesta de la "Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña". Es el texto resultante de las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, Esquerra y Junts, para garantizar la investidura de Pedro Sánchez.
El texto de la ley propone la anulación de procedimientos judiciales y penas relacionadas con el procés independentista de Cataluña. Vuelve a situar el origen del "conflicto político" en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Cubre, además, eventos significativos como la consulta de noviembre de 2014 y el referéndum de octubre de 2017.
"Estos hechos comportaron una tensión institucional que dio lugar a la intervención de la Justicia y una tensión social y política que provocó la desafección de una parte sustancial de la sociedad catalana hacia las instituciones estatales, que todavía no ha desaparecido y que es reavivada de forma recurrente cuando se manifiestan las múltiples consecuencias legales que siguen teniendo, especialmente en el ámbito penal", dice.
La propuesta de ley está conformada por 16 artículos y dos disposiciones adicionales. La norma no hace referencia a las demandas de independencia de los partidos catalanes y hace hincapié en el respeto a la Constitución Española. En el texto, se marca el objetivo de fomentar un ambiente de convivencia y estabilidad, buscando el progreso económico, cultural y social tanto en Cataluña como en España. La norma subraya la necesidad de que todas las aspiraciones políticas se enmarquen dentro del orden legal vigente.
Además, justifica que sea Congreso y Senado quienes tomen la iniciativa porque "en este tiempo las Cortes Generales han tenido un papel preponderante a la hora de configurar la respuesta de la soberanía popular a ese proceso independentista". "Un papel que esta ley orgánica reafirma al reconocer su competencia y legitimidad para hacer una evaluación de la situación política y promover una serie de soluciones que deben ofrecerse en cada contexto, de acuerdo con el interés general", añade.
Reivindica, asimismo, que "con esta ley orgánica de amnistía las Cortes Generales acuden de nuevo a un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar una respuesta adecuada más de diez años después del comienzo del proceso independentista, cuando ya se han superado los momentos más acusados de la crisis y toca establecer las bases para garantizar la convivencia de cara al futuro".
La amnistía incluye todos aquellos actos relacionados con los eventos del procés, así como a los policías involucrados en las cargas durante el referéndum de 2017. La entrada en vigor de la ley conllevaría la retirada de la euroorden contra Carles Puigdemont y el cierre de causas relacionadas con el procés.
La ley, eso sí, excluye ciertos casos, considerados como delitos graves tales como actos de terrorismo, y corrupción. Se excluye de esta amnistía procedimientos como los de la presidencia de Junts, Laura Borràs, o los casos de corrupción relacionados con la familia Pujol.
