En los últimos años, las perreras de nuestra comunidad vienen atravesando graves problemas que dificultan su gestión. La recogida de animales extraviados y abandonados es competencia de los ayuntamientos, pero sin ayuda es inviable una adecuada atención; las protectoras se quejan de que no reciben subvenciones públicas más allá de convenios puntuales con los consistorios. Por lo demás, subsisten gracias a colaboraciones económicas de particulares.
La gran mayoría de las perreras municipales extremeñas se encomiendan a asociaciones protectoras de animales, que se ocupan de gestionarlas. Estos colectivos coinciden en que las ayudas de las administraciones son claramente insuficientes; de hecho -subrayan- inexistentes. La Diputación de Cáceres va a ampliar su perrera en Malpartida de Plasencia, ya que el espacio del que actualmente dispone no es suficiente.
Problemas en "El Refugio" de Plasencia
La perrera de "El Refugio", en Plasencia, ya no puede recibir a más canes. Tiene en total 130, de los que una veintena son cachorros. Su presidenta, Salud Mateos, asegura que "se las ven y se las desean" para poder recolocarlos, que están "literalmente desbordados, de una manera que no se ha visto nunca", y que es imposible mantener ese ritmo mucho tiempo. Asegura que la situación es preocupante, ya que tanto el precio de las esterilizaciones como el de los piensos han subido de forma considerable. Y añade que mientras los políticos no apliquen las leyes que impiden criar animales indiscriminadamente, exijan la esterilización y aporten ayudas para aplicarla, todo seguirá igual.
Desbordados también en Villafranca
Una situación similar se vive en la protectora Aldea, en Villafranca de los Barros. Loida García, una de sus voluntarias, nos cuenta que no disponen de ningún tipo de ayudas que no sean las de los socios y donaciones voluntarias, tanto económicas como de productos, y comida para perros. Falta personal para atender de forma correcta a los animales en esas casas de acogida; son apenas 7 u 8 efectivos para atender 14 turnos semanales. Y a menudo la factura veterinaria en ellas asciende a 2.000 euros al mes. Se queja de que no reciben ningún tipo de ayudas municipales, y de que las colonias felinas están saturadas. La ley obliga a los consistorios a contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria que funcione durante las 24 horas del día.
