Manuel Hernández, presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte
Los convocantes del paro entre los transportistas que por undécimo día ha azotado a la cadena de suministro mantienen su protesta debido a que el Gobierno no se ha sentado con ellos a negociar una rebaja del gasóleo profesional que ya ultima con las grandes asociaciones del sector.
La negativa de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte a desconvocar el paro contrasta con los avances en la reunión que mantiene desde las 11.30 de este jueves el Ejecutivo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con todas las partes implicadas convencidas de alcanzar un acuerdo.
Según participantes en el encuentro consultados por EFE, el descuento en el precio del combustible para los transportistas podría oscilar entre 20 y 30 céntimos por litro, con la opción de que una parte la ponga el Estado y la otra se hagan cargo las operadoras.
De hecho, Repsol ha anunciado hoy que bajará 10 céntimos por litro el precio de sus combustibles a los transportistas que paguen con la tarjeta Solred en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España, un descuento que estará vigente desde el sábado 26 de marzo hasta el 30 de junio.
El encuentro con el Comité está liderado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez; del lado del sector acuden una docena de asociaciones de transporte de mercancías y logística, entre las cuáles no se encuentra la entidad que convocó el paro el pasado lunes 14.
"Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro", ha advertido en declaraciones a EFE el presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, quien ha subrayado que no reclama "ni subvenciones ni limosnas", en alusión a los 500 millones de euros en ayudas que plantea conceder el Gobierno para reducir el precio de los combustibles. Hernández ha defendido la decisión de la entidad de no desconvocar el paro pase lo que pase en la negociación al considerar que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella.
Además, ha animado a una movilización "multitudinaria" de cara a la manifestación convocada por la Plataforma para mañana viernes frente a la sede del Ministerio de Transportes en Madrid.
"No podemos estar en manos de chorizos (...) No me vale que pacte el mismo que me roba"
Hernández ha acusado a las asociaciones con las que dialoga el Ejecutivo de no representar realmente "a la clase trabajadora del transporte", y ha instado a poner el foco en que existe un problema "estructural" en el sector debido a la subcontratación y las malas condiciones y no una cuestión "puntual" vinculada con el encarecimiento del combustible.
En su opinión, en la reunión entre Gobierno y asociaciones "no se está negociando" el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el "abuso" de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes.
"No podemos estar en manos de chorizos (...) No me vale que pacte el mismo que me roba", ha recalcado.
Llamamientos a acabar con el paro
A su llegada a Bruselas -donde participa en la reunión del Consejo Europeo-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su confianza en que se alcance hoy mismo un acuerdo que permita poner fin al paro de transportistas, que ha generado ya problemas de abastecimiento a supermercados, fabricantes, hosteleros, etc.
También se han pronunciado este jueves las principales organizaciones de consumidores y usuarios del país -CECU, Facua, UNAE, FUCI, Hispacoop, AUC y OCU- que han reclamado a los convocantes del paro que lleven a cabo sus acciones "dentro del marco de legalidad, con la fijación y cumplimiento de servicios mínimos y respetando a los profesionales seguir trabajando".
En este sentido, han incidido en que se debe evitar "generar daños aún mayores a los consumidores y la economía española", y han recordado que los consumidores se están viendo doblemente afectados por el incremento de precios en las facturas de electricidad, gas y carburantes y por el encarecimiento de los productos.