Los funcionarios de Justicia, que son el 93% de los trabajadores de esa administración, inician hoy una huelga indefinida. Elevan la intensidad de sus protestas, tras los paros parciales y huelga de 24 horas que han llevado a cabo desde que empezó el año.
Demandan mejoras salariales y que se les reconozca las funciones que realizan. Aseguran que el Gobierno está "sordo y ciego" ante una situación de la Justicia española que -dicen- "revienta por los cuatro costados".
"No al clasismo. No a los privilegios". Con ese lema, los cinco sindicatos que forman el comité de huelga (CSIF, STAJ, CCOO, UGT y CIG) apelan a esta movilización. A ella están llamados 45.000 empleados públicos, mil en Extremadura. Demandan el "complemento general del puesto", que comporta un incremento salarial de entre 350 y 430 euros al mes. Para letrados de la Administración de Justicia, jueces y fiscales, se han acordado subidas de unos 450 euros.
Piden que se paralice el proyecto de ley de eficiencia organizativa para negociar el aumento de la carga de trabajo y el reajuste de plantilla. Critican la falta voluntad negociadora del Gobierno. Los sindicatos critican que se les bloquee la carrera profesional.
Cifran en un 85% el seguimiento de los paros previos que, desde el 4 de mayo, interrumpen la actividad judicial los martes, miércoles y jueves. Se suspenden todos los juicios, salvo los de los servicios esenciales. Según el Ministerio, esas huelgas han paralizado 612 juicios en Extremadura; medio millón en toda España, donde se han suspendido 30 millones de actuaciones judiciales. Este jueves llevarán a cabo una manifestación en Madrid.
