Protesta en Badajoz de los vigilantes de seguridad privados contra la decisión del Gobierno de sustituir a estos trabajadores en las prisiones extremeñas por policías y guardias civiles. Una situación que se produce tras quedar desierto el concurso para ejercer esta actividad, que hasta el 31 de diciembre llevaba a cabo la empresa OMBUDS, declarada en concurso de acreedores el pasado mes de junio. Los trabajadores dicen sentirse indefensos y no saben cuál será su futuro y el de sus familias. Desde Delegación del Gobierno, esperan que la situación se resuelva cuanto antes y la vigilancia de los centros penitenciarios vuelva a ser desarrollada por empresas privadas de nuevo.