El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley para reformar las leyes de dependencia y discapacidad, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales. La reforma busca garantizar una mayor igualdad en el acceso a los servicios y prestaciones, independientemente de la comunidad autónoma de residencia, y eliminar recortes implementados en el pasado.
Fin de las incompatibilidades
Cuando entre en vigor la reforma, su aprobación puede demorarse más de un año, se suprimirá el régimen de incompatibilidad de las prestaciones aprobado en 2013 y que sigue vigente en algunas autonomías. Se podrán combinar servicios como el centro de día, la ayuda a domicilio y la teleasistencia en toda España. Ahora mismo solo es posible en algunas comunidades autónomas. Además, se amplía el reconocimiento de cuidadores al entorno relacional, incluyendo vecinos y amigos que brinden apoyo a personas dependientes.
Uno de los puntos más destacados es la declaración de la teleasistencia como un derecho subjetivo, con el objetivo de extender su alcance y mejorar la calidad de vida de los usuarios. La reforma también contempla la eliminación del periodo de carencia en las prestaciones económicas, agilizando el acceso a las ayudas.
Fin del periodo de carencia
La ley marca que el derecho a recibir las prestaciones se generará desde la fecha de resolución del reconocimiento de que se necesita la ayuda o servicio o cuando hayan transcurrido seis meses desde la presentación de solicitud, sin que haya habido una resolución expresa. El Gobierno introdujo en 2012 un periodo de carencia máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, con el fin de ahorrar recursos, que ahora se eliminará.
El Gobierno también busca con esta reforma, promover la autonomía personal mediante el préstamo de productos de apoyo, como sillas de ruedas y audífonos, y el impulso de la asistencia personal como un servicio integral, que priorice la atención sin sujeciones.
Se espera que la aprobación definitiva de la ley se produzca en los próximos meses, tras su paso por el Congreso y el Senado.
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