Primeros pasos para el final de la huelga de secretarios judiciales. Una huelga convocada hace ya más de dos meses y que secundan casi un centenar de letrados extremeños. Según ha podido confirmar Canal Extremadura, ya hay un principio de acuerdo, del que no ha trascendido, por el momento, nada, para desbloquear la situación.
Este acuerdo se someterá a votación en Asamblea, en este caso, en las dos provincias de la región. De darse el visto bueno, el martes se firmaría en el Ministerio y se volvería a la actividad. Ese mismo día hay convocado un nuevo paro.
De no materializarse el acuerdo, peligra, además, la organización de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, para lo que es imprescindible también la figura del secretario judicial. El 3 de mayo se publicará el real decreto de convocatoria de elecciones locales. El día 6 deben constituirse las juntas electorales de Zona y Provinciales, y en todas ellas debe estar presente un secretario judicial, para dar fe de su funcionamiento conforme a la legalidad. La Junta Electoral ya les ha advertido de que la huelga no puede afectar a los comicios y haciéndoles saber que, al ser un derecho fundamental, todos los secretarios judiciales deberán trabajar ese día considerándolos servicios mínimos.
Este es precisamente uno de los asuntos por los que decidieron ponerse en huelga, porque el Estado amplió sus atribuciones, pero no lo compensó económicamente. Exigen así mejoras salariales. Pero esta solicitud no es algo nuevo, sino que fue un compromiso adquirido en el año 2021 que no se ha llegado a hacer efectivo. La última propuesta que presentó Justicia a los secretarios dejaba fuera de estas mejoras salariales al 67% de los funcionarios extremeños, porque no incluía ni a los de Cáceres ni a los de Badajoz. Tras la reunión de este viernes, esta propuesta se habría mejorado.
Dos meses de paros
En el tiempo que ha durado la huelga, se han suspendido más de 4.000 juicios y se ha paralizado más del 80 por ciento de los procedimientos.
En Extremadura, los tribunales acumulan ya entre diez y doce meses de retraso. Esto supone que hayan dejado de tramitarse 79.600 procedimientos. Hay, además, 84.000 demandas pendientes de gestionar y 11.000 pagos sin realizar, con 70 millones de euros inmovilizados, según los últimos datos facilitados por los letrados de la Administración de Justicia.
