El Consejo de Ministros aprobará hoy en segunda vuelta el Anteproyecto de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La reforma legislativa pasará así al Congreso de los Diputados para iniciar una tramitación parlamentaria no exenta de debate. Será el Congreso el que rechace o dé el visto bueno definitivo a la ley.
Refuerzo de la posibilidad de abortar en centros públicos
Entre las medidas propuestas que más interés suscitan, destaca la creación de un registro de objetores de conciencia para garantizar que siempre haya personal disponible para practicar interrupciones voluntarias del embarazo en hospitales públicos. Algo que no sucede en Extremadura, una comunidad autónoma en la que 1.003 mujeres solicitaron interrumpir su embarazo en la sanidad pública, sin contar con quienes gestionaron su interrupción voluntaria del embarazo directamente en una clínica privada. Este año ya son 717 las mujeres en esa misma situación.
En ninguno de esos casos, tampoco en los casos de malformaciones fetales o alto riesgo, las interrupciones del embarazo se llevaron a cabo en hospitales extremeños sino en centros privados a los que deriva, previa financiación, el SES. Tres están en otras comunidades autónomas (en concreto en Salamanca, Madrid y Sevilla) y uno en Extremadura. Se trata de la Clínica Guadiana Los Arcos en Badajoz, la única acreditada en la región para ello, aunque no para todas las circunstancias.
Como confirma el SES, sus servicios no incluyen atención a casos de alto riesgo, que se derivan a centros de Madrid o Sevilla, pero sí a embarazos no deseados hasta la semana 14 y embarazos no deseados derivados por Atención Especializada para gestaciones de hasta las 22 semanas por malformaciones fetales.
En los casos de interrupciones voluntarias del embarazo, hasta el 7 de junio de este año las mujeres no podían elegir la técnica (farmacológica o quirúrgica) para llevarla a cabo. Lo confirma la portavoz de ese centro, la experta en derechos sexuales y reproductivos Sonia Lamas, que celebra otras de las novedades del anteproyecto de ley, "que las mujeres de 16 y 17 años recuperen su derecho al aborto sin tener que contar obligatoriamente consentimiento de sus padres".
En referencia al registro de objetores para garantizar que siempre haya personal disponible para practicar las interrupciones de embarazos, alude a la "objeción de conciencia como a una falsa pantalla bajo la que algunas administraciones públicas tapan la falta de equipamiento y formación integral del personal que interviene en el proceso de interrupción de un embarazo, desde sanitarios hasta trabajadores sociales o psicólogos". Lamas reivindica un acompañamiento profesional e integral, desde lo físico, o social y lo emocional a las mujeres que deciden dar ese paso.
Algo con lo que discrepa Pilar Alfaro, presidenta de la Asociación PROVIDA Badajoz que dice constatar (por los apoyos que ofrecen desde su colectivo) "que las mujeres que se sienten asistidas y acompañadas, llevan a cabo su embarazo", de ahí que reivindique una red pública de ayudas a mujeres embarazadas vulnerables.
Alfaro se muestra crítica con el planteamiento de aborto libre y garantizado hasta las 14 semanas que plantea este anteproyecto, que tacha de "ideológico, permisivo e inhumano" . Un texto que, defiende Alfaro, "se olvida de los más vulnerables" y no respeta, en referencia al registro objetores de conciencia, "el derecho fundamental de libertad ideológica y religiosa de las personas", en este caso de los profesionales sanitarios.
En el colectivo AMAMAR PLASENCIA, en línea con la crianza respetuosa y el fomento de la lactancia materna, observan propuesta de reforma de esta ley desde otra perspectiva. Tamara Trancón, miembro del colectivo, considera que la propuesta que pasará a debatirse en el Congreso de los Diputados "amplia derechos al garantizar que las interrupciones voluntarias de los embarazos puedan realizarse en hospitales públicos, sin tener que desplazarse en multitud de casos a otras comunidades autónomas, con el peso que eso supone para la salud física y emocional de las familias".
Nueva baja prematernal
Trancón aplaude también la inclusión de la baja prematernal a las 39 semanas así como que se fomenten partos y prácticas gineco-obstétricas respetuosas, aunque echa en falta que "no se aborde en su totalidad la violencia obstétrica".
Algo con lo que coincide Nuria López, de la Plataforma Feminista de Plasencia. Al ser preguntada por el Anteproyecto de Ley, defiende que "el aborto no impide el derecho a la vida, ya que el derecho a la vida significa poder vivir nuestra propia vida con libertad y dignidad". Desde su punto de vista "las limitaciones y prohibiciones al respecto no disuaden a las mujeres de interrumpir sus gestaciones sino que valida mercados clandestinos y millonarios con la mujer en el punto de mira". Nuria López pide que no siga un siendo tabú y no se cuestionen bajas por reglas dolorosas, incluidas en este Anteproyecto de Ley.
También se muestra especialmente crítica con la fórmula de la gestación subrogada. Este asunto, tachado en el Anteproyecto de Ley al que aludimos como "violencia sexual" resulta insuficiente para las componentes de la Plataforma "Stop vientres de alquiler" que creen que propuesta se queda corta y "no anula el registro que permite que se sigan comprando niños fuera de nuestro país".
Gestación subrogada
Ana Trejo, una de las voces del colectivo en Extremadura nos explica que desde su punto de vista, "la gestación por sustitución es en realidad la venta de bebés recién nacidos por parte de mujeres en situación de explotación". El anteproyecto de ley así lo reconoce pero no lo impide, pues sigue permitiendo que los españoles acudan al extranjero para hacer lo que en España está penado. Considera que "es un mensaje peligroso pues obvia que existe una instrucción de registro y notarías del año 2010 que permite que los bebés concebidos por gestación subrogada en el extranjero, puedan ser registrados a nombre de sus compradores".
La plataforma exige que se anule esa instrucción, que el Códido Penal considere delito esa practica también si se hace fuera de España. Piden que se habilite una normativa europea compartida por países prohibicionistas "para proteger a las mujeres de ser convertidas en materia prima para las industrias reproductivas". Insiste Trejo, "a todo tipo de mujeres, sin distinción entre mujeres de primera y de segunda en función de donde estén sus cuerpos. No puede haber mujeres protegidas y mujeres que no lo estén y terminen por ser carne de cañón para estos mercados, paridoras de bebés para elites. Es inaceptable desde la ética, el feminismo y los derechos humanos".
El Anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo contempla además medidas sobre educación sexual y anticoncepción gratuita. Todo ello y sus múltiples matices e interpretaciones pasarán a debatirse en el Congreso de los Diputados a partir del mes de septiembre. El resultado de ese diálogo será el nuevo marco normativo que regulará la salud sexual, reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres españolas.
