La sequía es extrema, el agua embalsada en Extremadura está al 33% de su capacidad y las medidas son urgentes. Por eso la Comisión de Desembalses de la Confederación Hidrográfica del Tajo ha planteado propuestas para el nuevo año hidrológico que arranca en octubre.
Entre ellas, limitar la explotación de los embalses hidroeléctricos para su uso racional.
Embalses extremeños
La medida, acordada por el gobierno y los usuarios de la comisión, afecta a los embalses cuyos usos principales no son ni el abastecimiento, ni el regadío ni tampoco los usos agropecuarios. Entre ellos están el de Alcántara, pero también el de Valdecañas o el de Torrejón-Tajo. Todos, en Extremadura.
Una decisión que defienden desde el Ayuntamiento de Cáceres, uno de los vocales de la Comisión. La alcaldesa en funciones, María José Pulido, ha explicado que "es necesario que garanticemos el consumo humano y que la calidad del agua sea buena. Además hay que pensar también en los regadíos y en las explotaciones agropecuarias".
"Es necesario que garanticemos el consumo humano y que la calidad del agua sea buena"
Iberdrola, sin embargo, ha votado en contra del acuerdo. Según fuentes de la compañía eléctrica, no porque se oponga a las medidas de racionalización del uso del agua, sino porque el acuerdo modifica también las condiciones del convenio de la Albufeira que, desde 1998, exige que se lleve determinada cantidad de agua a Portugal.
Adela Barquero, responsable de la Explotación Hidráulica Iberdrola Tajo, ha explicado que el propósito del Gobierno es que ese compromiso legal afecte ahora solo a sus embalses hidroeléctricos de Extremadura.
"En defensa del medio ambiente, Iberdrola estima que las medidas que se definan deben considerar la participación de todos los embalses"
Afirma que "Iberdrola siempre atenderá a lo que decida la administración, pero en defensa del medio ambiente la empresa estima que las medidas que se definan para protegerlo, deben considerar la participación de toda la cuenca, de todos los embalses".
Por su parte, la CHT recuerda que las medidas no quedan definidas hasta que se resuelvan los expedientes. Ahora están en tramitación y, por tanto, algunas podrían modificarse.
