La reducción de la jornada laboral llega este martes al Consejo de Ministros. Por delante una compleja negociación para sacar un texto que plantea pasar de las 40 a las 37,5 horas semanales.
Según los sindicatos, entre 160.000 y 190.000 extremeños podrían beneficiarse de la reducción de jornada. Para Comisiones Obreras es una medida de justicia social que no podía demorarse más. Para UGT lo es también. Además, ven la tramitación a través de una ley como el mecanismo idóneo para que la medida se aplique con eficacia.
El 92 por ciento de las empresas extremeñas con asalariados son micropymes, con entre 1 y 9 trabajadores. Por este motivo, la patronal cree que la reducción de la jornada va a generar importantes desajustes organizativos y un aumento de costes laborales en personal, que acabará lastrando la creación de empleo.
Para los sindicatos, trabajar menos horas no tiene por qué significar producir menos, y ponen como ejemplo a los países del centro y norte de Europa. Los economistas por su parte son cautos a la hora de cuantificar el posible impacto de la medida en la productividad. La clave, explican, va a estar en la mejora de los recursos y capacitación tecnológica.
El proyecto de ley de reducción de jornada contemplará también el derecho a la desconexión digital y el registro horario, también digital, para un mayor control del tiempo trabajado.
