El Defensor del Pueblo denuncia la gravedad de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y la respuesta insuficiente dada por esta institución. Para reparar a las víctimas, se propone la celebración de un acto público y la creación de un fondo estatal de compensaciones.
Las conclusiones del informe son claras: durante décadas, en el seno de la Iglesia se han cometido abusos que se han tratado de ocultar o silenciar. El informe, presentado ante el Congreso por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recoge los testimonios de 487 personas que han sufrido abusos, muchas de ellas cuando eran menores. La víctimas reconocen haber experimentado depresión, vergüenza e incluso ánimo suicida.
Para evaluar el alcance del problema, se ha encargado una encuesta a GAD3 que indica que el 0.6 por ciento de la población adulta ha sufrido abusos en el ámbito de la Iglesia, lo que podría suponer que entre 236.000 y 445.000 personas fueron víctimas, aunque Gabilondo ha evitado dar ese dato.
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema".
En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".
No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".
Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, sólo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.
Para reparar a las víctimas, se propone la celebración de un acto público y la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha convocado el próximo lunes 30 de octubre una Asamblea Plenaria Extraordinaria en la que analizará el informe del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre abusos en la Iglesia.
Abusos en la Iglesia extremeña
Extremadura no es ninguna excepción. Según el Defensor del Pueblo han recibido seis denuncias de abusos sexuales cometidos por algún miembro de la Iglesia en la provincia de Badajoz y siete en la de Cáceres.
En el caso de la provincia pacense, las denuncias por abusos sexuales corresponden a un cura que ejerció en Mengabril, y a otros religiosos de los Colegios Claret de Don Benito, Sagrado Corazón y Salesianos de Puebla de la Calzada; también del Colegio Salesiano Ramón Izquierdo de la ciudad de Badajoz y de la Parroquia de San Miguel de Zafra.
En la de Cáceres, las denuncias señalan a las parroquias de Casares de Hurdes, Jarandilla de la Vera y Guadalupe. También a la Parroquia de San Francisco en Trujillo, así como a las de Santa María de la Asunción de Baños de Montemayor, la de San Pedro de Alcántara en la ciudad de Cáceres y al Seminario de Plasencia.
Por su parte, las diócesis extremeñas han comunicado al Defensor del Pueblo algunos casos de abusos sexuales que afectan a sus sacerdotes. Dos pertenecen a la de Coria-Cáceres, 3 a la de Mérida-Badajoz y 4 a la de Plasencia. Los de la diócesis de Coria-Cáceres correnponden a dos casos juzgados, el del antiguo cura de Casares de Hurdes condenado por corrupción de menores en 2004 por compartir pornografía infantil. El otro caso es el del sacerdote de Arroyomolinos, condenado en 2017 a 15 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación por exhibicionismo y abuso de un menor.
El caso más conocido en los últimos años es el del cura de Mengabril condenado a 17 años de cárcel por abusos sexuales a dos menores de 12 años. La sentencia del Tribunal Supremo es de 2017. Según el abogado de la acusación, Ángel Luis García, la Iglesia no cumple con su responsabilidad y no ha reparado el daño, a pesar del tiempo transcurrido. Ni el cura condenado, ni la diócesis, han pagado las indemnizaciones que les correspondían a los menores.
