Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Alburquerque han pedido a la alcaldesa, Marisa Murillo, que garantice el cumplimiento del acuerdo adoptado en el pleno anterior de suprimir los puestos de confianza, entre ellos el del anterior primer edil Ángel Vadillo, que "sigue ejerciendo de asesor-portavoz del equipo de gobierno", según el portavoz de IPAL, Manuel Gutiérrez.
Este es uno de los acuerdos que salió adelante en la sesión plenaria celebrada en la noche de este pasado jueves con la oposición en mayoría -4 ediles de IPAL y 3 del PSOE, por 5 del grupo gobernante no adscrito-, ya fuera conjuntamente o por separado.
Asimismo, se aprobó restituir el despacho que aún utiliza Vadillo al técnico municipal que lo ocupaba con anterioridad.
También se dio el visto bueno a una moción para que los contratos de trabajo y despidos "llevados a cabo al margen de la ley a voluntad del asesor", se decidan a partir ahora en los plenos, según indicó Gutiérrez.
En la misma línea se aprobó otra moción para que las solicitudes de ingreso en las residencias de mayores municipales sean resueltas "por técnicos y no por el ex asesor".
La alcaldesa, por su parte, culpó a la oposición de amenazas y coacciones. "Es una auténtica persecución contra Ángel Vadillo, pero no se preocupen que vamos a cumplir los acuerdos cuando tengamos seguridad, porque vamos a recurrir ese acuerdo", manifestó.
En otra moción se pidió la reapertura de la Residencia Virgen del Carmen, que fue clausurada por el SEPAD al encontrar en su momento diferentes irregularidades, a lo que Murillo respondió que la pretensión era reabrirla próximamente.
Con los votos de la oposición fue desestimado el deseo de la alcaldía de emprender acciones judiciales reclamando un convenio con la Consejería para la Transición Ecológica para que la estación depuradora de aguas residuales pase a ser gestionada por el Ayuntamiento en lugar de la empresa UTE Aguas de Alburquerque.
Es "algo que atenta contra la autonomía del municipio, ofrece inseguridad jurídica y pérdidas económicas", señaló Murillo, quien fue contestada por Juan Carlos Prieto, del PSOE, señalando que la EDAR fue construida por la Junta y que el Ayuntamiento se hizo cargo de su gestión para cederla mediante contrato a la UTE.
"La Junta puede pedir daños y perjuicios por el mal estado de conservación de las instalaciones que corresponde al Ayuntamiento", dijo.
Tras las votaciones, Murillo culpó a la oposición de "causar un grave perjuicio al Ayuntamiento, propiciando nuestra indefensión".
Otro punto de desencuentro fue el de la reorganización de las comisiones informativas puesto que la oposición reclamó más presencia "porque la correlación de fuerzas ha cambiado".
En otro ruego se pidió disponer de un despacho propio por parte de los dos grupos de la oposición a lo que accedió la alcaldesa, aunque indicó que debía ser en otro edificio "porque en el Ayuntamiento están todas las dependencias ocupadas por los diferentes servicios municipales".
Además, IPAL y PSOE pidieron que se ponga a buen recaudo el coche de la policía local, "sin uso por el desmantelamiento del cuerpo", así como la documentación existente en las dependencias de la policía.
También se reclamó el fin a las deficiencias en el suministro eléctrico debido a unos recientes cortes en los pasados días de lluvia.
El único asunto aprobado por unanimidad fue un ruego del PSOE para que una calle lleve el nombre de Felipa Méndez, en honor a esta mujer recientemente fallecida y cuya generosidad y trabajo en pro de la localidad ha sido reconocido por los vecinos que piden a través de las redes sociales algún tipo de reconocimiento hacia su persona.
