Área del megaproyecto minero
La Plataforma Ciudadana Alconchel sin Minas ha denunciado este lunes que la empresa Sacyr sigue adelante con el procedimiento para construir una gran explotación minera en varias comarcas de la provincia de Badajoz, que ocuparía 1.160 cuadrículas mineras y 34.800 hectáreas de la comarca de Olivenza.
La plataforma, compuesta por varias asociaciones de municipios afectados, ha lamentado en una nota que se encuentra en trámite la concesión de explotación derivada del permiso de investigación denominado "Gato Montés", pese al anuncio de medios de comunicación regionales el pasado febrero de que se daba por extinguida la amenaza de las minas en la zona.
En su opinión, ello sólo obedecía a una “estrategia para rebajar la tensión social en Olivenza” sin solucionar el problema. Y señala que según la propia Junta de Extremadura, a fecha 17 de junio de 2021, "se encuentra en trámite la concesión de explotación derivada del permiso de investigación Gato Montés”. La Administración añade además que "con referencia al proyecto de concesión de explotación derivada, el órgano sustantivo, a esta fecha no ha dictado resolución”.
Todo ello, a juicio de la plataforma, corrobora que "la fase 1 del Megaproyecto de Olivenza avanza", ya que el proyecto global ha sido fragmentado por la propia empresa para la tramitación ambiental a fin de “obtener beneficios en la concesión de los permisos de explotación”.
Según la información de la promotora Valoriza Minería (Sacyr), indica el colectivo, “el proyecto Alconchel está situado en el SO de la provincia de Badajoz y comprende cinco permisos de investigación: San Carlos, Loiterón, Gato Montés, Carazo y Encina”. Sin embargo, en las dimensiones totales del proyecto no hay líneas divisorias de los diferentes permisos, “ya que todos hacen parte del mismo”, algo que no permite la normativa europea, denuncia.
Asegura además que sobre todos ellos se están llevando a cabo labores de investigación con intención de explotarlos, pese a estar prohibida la introducción de maquinaria pesada sobre cadenas en los parajes protegidos afectados.
Para la plataforma, queda demostrado que la Junta de Extremadura continúa tramitando un permiso de explotación “plagado de graves irregularidades, cuestionable legalmente”, como ya se lo advirtió al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, en una reunión el año pasado.
“Resulta sorprendente cómo la administración avanza en base a dar por buenos informes que se caen por su propio peso, como son el de Red Natura, compatibilidad urbanística, o las advertencias de los riesgos existentes para el dominio público hidráulico hechas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana”, subraya.
Por último, recalca que es un “proyecto inviable social y ambientalmente”, que incluso hace peligrar la calidad de las aguas del Alqueva y para el que “sólo cabe, a nuestro entender, una declaración de impacto ambiental negativa”.
