28 Junio 2022, 12:06
Actualizado 28 Junio 2022, 12:06

En el marco de la operación “Marum”, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil, Agencia Tributaria, Europol y OLAF, se ha desarticulado una importante organización criminal, estructurada en cuatro niveles, dedicada al tráfico ilícito en España de gases refrigerantes de efecto invernadero, es decir, gases fluorados asfixiantes que agotan la capa de ozono, muchos de ellos incluso inflamables.

En la operación han sido detenidas 27 personas, entre ellos los cabecillas de la red, y 3 investigadas, por los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra el medio ambiente, contra la salud pública y contra los derechos de los trabajadores.

Se ha intervenido 110 toneladas de diferentes tipos de gas valorados en 11 millones de euros, varios maletines de trasvase de gas a aire acondicionado, 364.000 euros en metálico, varios vehículos de alta gama, gran cantidad de documentación y material informático, 600 aparatos de aire acondicionado, además de 435 gramos de cocaína base, 435 comprimidos de éxtasis, material para el corte de sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, una prensadora y otros efectos utilizados para el tráfico de drogas. Asimismo, se han realizado 20 registros domiciliarios, se han inspeccionado 10 empresas y se han practicado detenciones en las provincias de Granada, Valencia, Albacete, Madrid, Toledo, Murcia, Sevilla, Almería, Jaén, Córdoba y Badajoz.

De manera cautelar se han bloqueado total o parcialmente cuentas bancarias de los integrantes de la organización.

La investigaciones comenzaron en septiembre de 2021, cuando el SEPRONA, pudo constatar que en distintas localidades de Granada se estaba vendiendo de manera clandestina gas refrigerante de efecto invernadero (GEI) importado de China a un precio tres veces por debajo del precio de mercado al no pagar los impuestos correspondientes a la Hacienda española, por lo que se abrió una investigación conjunta con la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA), Europol, OLAF y la Agencia Tributaria, en funciones tanto de policía judicial como de auxilio jurisdiccional.