Dos empresarios de tabaco han eludido la cárcel tras devolver más de un millón de euros a la Cooperativa de Tabaco de Cáceres. El acuerdo entre las partes se ha ratificado este miércoles en la Audiencia Provincial de Cáceres.
La Fiscalía pedía en un principio para los acusados, la ex-gerente de la cooperativa y el ex-administrador de la mercantil Agroexpansión, cinco y ocho años de prisión por los delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Reparación del daño
La clave del acuerdo ha consistido en la reparación del daño económico causado. Y es que, según ha explicado el abogado de la cooperativa a Canal Extremadura, Raúl Fuentes, los empresarios han reconocido los hechos y ya han abonado más de un millón de euros y se han comprometido a pagar en tres meses los 235.000 euros restantes.
De esta forma, las penas de prisión se han reducido considerablemente. A la exgerente se le condena con un año de cárcel y al exadministrador con 9 meses de prisión.
Los hechos
Los hechos se remontan al año 2016. Fue entonces cuando la mujer, sin la autorización del Consejo Rector de la cooperativa, realizó tres transferencias a la empresa Agroexpansión por valor de 260.000 euros. El objetivo era sanear las cuentas de esa sociedad para después, como así ocurrió en 2019, asociarse y producir y cultivar juntos tabaco.
La exgerente autorizó la operación, a pesar de que Agroexpansión debía bastante dinero a la cooperativa. Sin embargo, ella admitió que esta empresa entregara, el 30 de diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, dos pagarés con fecha de vencimiento del 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. La deuda de estos pagarés sumaba una cantidad superior a los 750.000 euros.
Se repite la historia
Se da la circunstancia, además, de que no es la primera vez que un gerente de la Cooperativa Tabaco de Cáceres es condenado por la justicia. En marzo de 2015, la Audiencia Provincial de Cáceres condenó al que había ocupado ese cargo en la entidad entre 1994 y 2009. Se le condenó a dos años y un día de cárcel por un delito societario y tuvo que indemnizar a la cooperativa con más de 70.000 euros.
Una condena que confirmó un año después el Tribunal Supremo.
