El Congreso de los Diputados aprueba este martes el proyecto de ley por el que se va a crear la Agencia Estatal de Salud Pública; un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad que aspira a mejorar la salud de la población, la equidad en este ámbito, y proteger a la ciudadanía de riesgos sanitarios. Coordinará y fortalecerá las capacidades del Estado para abordar problemas de salud pública, en colaboración con las comunidades autónomas y con otras administraciones. La pasada semana el Senado autorizó las enmiendas que introdujo el PP haciendo valer su mayoría absoluta en esa Cámara; no así las de Junts y Vox. Tras superar el trámite en el Congreso, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Aclarar las competencias
El texto modifica la ley en la materia que estaba vigente desde 2011 y clarifica las competencias de las distintas administraciones. La Agencia estará capacitada para aplicar restricciones de una manera más coordinada. Se actualiza así el Servicio de Seguridad Nacional, de vigilancia ante pandemias. En Canal Extremadura, el virólogo José Antonio López, profesor de Microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, ha señalado que hará falta más dinero de los 20 millones de euros de los que se habla para poner esta ley en práctica.
La vocación de la Agencia Estatal de Salud Pública es que estemos prevenidos ante hipotéticos escenarios de pandemia. López recuerda que las sufrimos con cierta frecuencia, y cita la de la gripe A en 2009, la del SIDA en los años 80 del pasado siglo, o las dos de coronavirus en 1918 y 2020. El nuevo órgano -prevé el experto- propiciará una vigilancia epidemiológica más efectiva. Con él se engrasará el mecanismo para afrontar esas crisis sanitarias que a buen seguro, aventura, se seguirán produciendo.
Agilidad y efectividad
José Antonio López indica que la Agencia va a propiciar una actualización científica, y va a despejar dudas sobre la declaración de estados de alarma o emergencia. En definitiva: aportará más efectividad en la forma de proceder ante esas contingencias. La idea es también agilizar los mecanismos de vigilancia. El virólogo prefiere ver la botella medio llena; confía en que el nuevo texto ayude a que nuestra salud no dependa sólo de nuestro código postal. Advierte, eso sí, de que el asunto requiere mucha voluntad no sólo técnica, sino también política, así como inversión pública. En este sentido, confía en que los partidos no hagan un uso electoralista de este asunto.
López ve positivo que se modifique la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos para no equiparar el precio de los fármacos de valor añadido a los genéricos en el Sistema de Precios de Referencia. Habrá -dice- más coordinación con el sistema farmacéutico nacional, para que no se abuse del precio de artículos básicos como mascarillas o tests. A su juicio, es importante que las comunidades se impliquen directamente en el control de la sanidad. Y se reserva su opinión sobre la posibilidad de que Fernando Simón dirija la agencia, aunque recuerda que fue el PP y no el PSOE el que le designó como responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
