PP y Vox han registrado la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura, iniciando así su trámite parlamentario en la Asamblea. La futura norma contará con los votos de ambos partidos, lo que garantizaría su aprobación en el parlamento regional.
Según el texto presentado, la propuesta de Ley de Concordia de Extremadura y la actual Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura presentan algunas diferencias significativas en el enfoque, reconocimiento de víctimas, reparación económica, instituciones, régimen sancionador o reducción del gasto.
Enfoque y reconocimiento de víctimas
La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura pone su foco en la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluyendo referencias a la II República, reconociendo principalmente a las víctimas de la represión franquista y la Guerra Civil. En contraste, la futura Ley de Concordia cambia el enfoque a la "concordia", apelando al espíritu de la transición y ampliando el periodo de reconocimiento desde la II República hasta la actualidad, e incluye a todas las víctimas de violencia social, política, del terrorismo, y de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole desde 1931 hasta nuestros días.
Reparación económica e instituciones
La Ley de Memoria Histórica establece el derecho a la reparación jurídica, moral y económica, así como la rehabilitación, satisfacción e indemnización en su caso. Sin embargo, la nueva propuesta reconoce a las víctimas pero no contempla la reparación o indemnización de índole económica o profesional. Además, la norma de 2019 incluye el Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, el día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura, y la identificación de lugares de memoria histórica. Sin embargo, con la futura norma, se suprimirían estas instituciones y días de recuerdo, y en su lugar se reconocen a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro como "entidades vinculadas a la concordia".
Régimen sancionador y reducción del gasto
La actual ley contempla medidas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativos del franquismo, y un régimen sancionador con multas de hasta 150.000 euros. Además, los gastos derivados de las actuaciones para la investigación, localización, exhumación e identificación de las víctimas son sufragados por la Administración regional. Por su parte, la nueva norma eliminaría estas medidas y el régimen sancionador, y limita la acción de la Junta de Extremadura, lo que resultará en una reducción del gasto público.
