La muerte violenta de una educadora social en un piso tutelado de Badajoz ha reabierto el debate sobre la seguridad en estos centros y la necesidad de cambios en la gestión de menores con antecedentes judiciales. Según el abogado de la familia de la víctima, Raúl Montaño, los tres presuntos homicidas mostraban una conducta conflictiva desde hace tiempo, algo que había sido corroborado por compañeras de trabajo y colectivos. "No hacía falta una denuncia expresa previa por parte de Belén, porque era obvio que estos señores estaban huidos, incumpliendo medidas e implicados en incidencias graves", ha señalado Montaño.

Desde Comisiones Obreras han sido contundentes al afirmar que estos menores no deberían haber estado en ese piso tutelado, señalando directamente a la Fiscalía por no haber hecho una evaluación adecuada de los perfiles de los residentes. Lourdes Núñez, portavoz del sindicato, ha afirmado que "es un problema complejo con muchas aristas a tratar" y que se deberían revisar los criterios de asignación de menores a estas viviendas.

El fiscal superior de Extremadura ha calificado el suceso como "absolutamente imprevisible", pero ha admitido que se deberá analizar si ha habido fallos de coordinación. Además, ha reiterado su postura a favor de una reforma de la Ley del Menor, abogando por rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años, actualmente fijada en los 14.

Dos sistemas de protección

En Extremadura, los menores bajo tutela de la Junta son atendidos mediante dos sistemas diferenciados: el de protección, destinado a quienes no pueden vivir con sus familias, y el de reforma, dirigido a jóvenes con antecedentes judiciales, que pueden estar internados o en régimen de semilibertad en pisos tutelados. La gestión de estos pisos se delega en empresas externas, a las que se exige contar con educadores, psicólogos y técnicos educativos, pero no la presencia obligatoria de personal de seguridad.

Este punto ha generado un fuerte debate entre los trabajadores del sector, quienes consideran que la seguridad es ahora más necesaria que nunca. Educadores sociales han solicitado mejoras en las condiciones laborales y la implementación de medidas de protección, aunque advierten que no se debe estigmatizar a todos los menores bajo tutela. "No deben pagar justos por pecadores", han enfatizado.

Castuera ha vuelto a concentrarse este martes para condenar la muerte violenta de Belén, la educadora social que perdió la vida el pasado domingo mientras trabajaba en un piso tutelado en Badajoz. El municipio, profundamente consternado, ha mostrado su apoyo a la familia de la víctima en un emotivo acto de repulsa y solidaridad.

Familiares, amigos y numerosos vecinos se han reunido en la plaza del pueblo para recordarla y expresar su dolor ante un crimen que ha dejado a la localidad sumida en el dolor y la tristeza. Entre los asistentes, una amiga de la víctima ha relatador su última conversación con ella, ocurrida el pasado martes. "Me dijo que tuviese mucho cuidado", ha recordado.

El entierro de Belén ha tenido lugar esta tarde a las 17:00 en la parroquia Santa María Magdalena de Castuera.

Varios centenares de empleados del servicio de transporte sanitario terrestre se han manifestado hoy frente al Servicio Extremeño de Salud y la sede de la empresa Ambuvital para exigir la firma y entrada en vigor de un nuevo convenio colectivo, que lleva meses paralizado.

Convocados por los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y USO, los manifestantes han reivindicado mejoras salariales y laborales. Los delegados sindicales han expresado su frustración ante la falta de avances, señalando que ya existen acuerdos, pero no se han firmado.

Francisco José Fernández Gordillo (CCOO) ha lamentado que, pese a haber alcanzado dos acuerdos, "no se firma ninguno". Rafael Garzo (USO) ha reclamado "un salario digno" para los trabajadores, mientras que Ángel Luis Porrino (UGT) ha pedido a la Administración que interceda en la negociación entre la patronal y los sindicatos. Por su parte, Paco Fernández (CSIF) ha insistido en que "el convenio está sobre la mesa" y no entienden por qué no se cierra un acuerdo.

Los trabajadores advierten que continuarán con las movilizaciones hasta lograr unas condiciones laborales justas.

La Junta de Extremadura ha confirmado que trasladó varias incidencias de los tres menores detenidos por el asesinato de una educadora en un piso tutelado de Badajoz a la Fiscalía, aunque estos hechos no conllevaron un cambio en las medidas cautelares aplicadas. La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha comparecido esta mañana para ofrecer detalles sobre la situación y las acciones que se están llevando a cabo.

Necesidad de aumentar el personal

En su intervención, García Espada ha asegurado que, al tratarse de un centro en régimen abierto, no contaba con seguridad en el sentido tradicional, aunque sí se habían registrado incidencias en las últimas semanas que fueron trasladadas a la justicia. Mañana se celebrará una reunión entre la Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Fiscalía Superior para analizar a fondo la situación y coordinar las acciones necesarias para mejorar la seguridad en estos centros.

La consejera ha expresado su más sentido pésame a la familia de la víctima y ha manifestado que se mantiene a disposición de las autoridades encargadas de la investigación, que continúa su curso. En cuanto a las medidas que se podrían tomar, García Espada ha destacado que se pondrá sobre la mesa un asunto crucial: la posible agilización del cambio de medidas cautelares ante denuncias de incidencias por parte de los trabajadores del centro.

Respecto al funcionamiento de la empresa concesionaria del servicio, la consejera ha subrayado que actualmente está cumpliendo con el pliego de condiciones, pero ha reconocido la necesidad de aumentar tanto el personal como la seguridad en los centros. De hecho, ha avanzado que se está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego que contemple estas mejoras.

Por último, García Espada ha señalado que, según los informes de incidencias a los que ha tenido acceso, algunos trabajadores del centro tutelado ya habían presentado denuncias por hechos ocurridos en el centro relacionados con los tres menores detenidos, aunque las denuncias de la víctima se referían a otros menores que ya no se encuentran en ese piso tutelado.

La reunión a puerta cerrada prevista para mañana será clave para determinar las medidas a adoptar y cómo mejorar la seguridad en estos centros.