La Guardia Civil ha instruido expedientes sancionadores al piloto de un dron que sobrevoló la zona restringidas del aeropuerto de Badajoz y carecía de autorizaciones preceptivas de vuelo para esta clase de aeronaves no tripuladas mientras realizaba tareas de tratamientos de cultivos.

Agentes pertenecientes al Equipo Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (PEGASO) de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, tuvieron conocimiento de las posibles operaciones de vuelos con drones en zonas restringida de Control de Tráfico Aéreo próximas a las instalaciones del Aeropuerto de Badajoz.

Con los dispositivos de servicios establecidos orientados a su detección en las inmediaciones del recinto aeroportuario, este pasado martes sorprendieron a una persona que sobrevolaba un dron en aplicación de tareas agrícolas para el tratamiento de cultivos en una finca ubicada dentro de la pedanía pacense de Alvarado. Zona considerada restringida para la seguridad del tráfico aéreo en toma y despegue de aeronaves.

Sin autorización

Realizadas las correspondientes averiguaciones tras la identificación del piloto, se pudo constatar que carecía de autorización para la operativa de vuelo, con el consiguiente riesgo que conlleva, además de no cumplir los requisitos para volar UAS.

Por todo ello, se le informó de la gravedad de su acción al operar en espacio aéreo controlado, y se ha dado cuenta a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las supuestas infracciones cometidas a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El Equipo PEGASO de la Guardia Civil con sede en el Aeropuerto de Badajoz, tiene como misión principal la seguridad ciudadana, detectando posibles amenazas dentro del espacio aéreo provincial.

Realizan control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, así como prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha calificado de “prórroga de la prórroga” la solicitud que las propietarias de la Central Nuclear de Almaraz han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica para extender su funcionamiento hasta 2030. Según ha dicho, esta decisión supone “prolongar unos pocos años más la agonía”, ya que considera que la vida útil de la instalación “ha expirado”.

"Tiene que cerrar"

“Almaraz, tarde o temprano, tiene que cerrar”, ha insistido De Miguel, que ha cuestionado que esta extensión pueda considerarse una solución de futuro para la comarca de Campo Arañuelo. “¿Es este el futuro que queremos?”, se ha preguntado, al tiempo que ha acusado a los gobiernos, tanto estatal como autonómico, de utilizar esta “mini prórroga” como “una excusa más para no trabajar en alternativas económicas y sociales reales para la zona”.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha asegurado que las empresas propietarias de la central han pedido oficialmente ampliar su vida útil justo después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, anunciara su intención de “perdonarles los pocos impuestos que dejan aquí”.

Después de tres días de juicio y con las conclusiones finales de acusaciones y defensas, finalizaba la vista por el crimen de Belén Cortes. Al menos dos de los abogados de los menores han reclamado su absolución. 

El abogado de unos de los menores, José Duarte ha explicado que han pedido la absolución "porque entendemos que no ha quedado demostrado su autoría y hay contradicciones entre lo q dicen tanto los agentes como los peritos" como también en algunas pruebas que se han practicado, dice, sin su letrado.

La acusación particular por su parte, sigue defendiendo que el crimen de la educadora fue un asesinato, aunque modifica el grado de participación de los acusados. "Entendemos q hay dos autores y la tercera solo cómplice, pero en cuanto al delito seguimos pensando que es asesinato", señala el abogado de la acusación particular, Raúl Montaño.

La calificación de la chica como cómplice rebaja su petición de internamiento en régimen cerrado de 8 a 6 años, mientras que para los dos varones se mantienen los 6 años, peticiones similares a las de la fiscalía. El otro asunto que deberá aclarar la sentencia es la responsabilidad civil por la muerte de la cuidadora. La Junta de Extremadura ha planteado desde el inicio que no tenía la tutela de uno de los menores, pero todas las partes coinciden en que la administración es la única responsable de los hechos. 

Según Fernando Cumbres, abogado del padre de un menor: "Ha quedado demostrada la negligencia de la Junta que es la que debería haber vigilado y son ellos los responsables directos y los que deben pagar" una cantidad superior a los 600.000 euros, que es lo que pide la familia de la educadora.

El juicio ha quedado ya visto para sentencia.