La mayor autoridad de la empresa australiana Infinity Lithium, su CEO Ryan Parkin, promotora del proyecto de mina de litio en el paraje Valdeflores en Cáceres, ha viajado hasta la capital cacereña para reunirse con empresarios locales y "líderes de opinión", según apuntan desde la propia minera.
Una gira que incluye al directivo David Valls, que pilota la empresa creada para explotar el proyecto de mina en Valdeflórez, Tecnología Extremeña del Litio (TEL), filial creada por Sacyr y Plymouth Minerals.
El pasado mes de octubre, Infinity Lithium presentó el nuevo proyecto de mina en dicho espacio cacereño, "basado en la extracción de la materia prima crítica en interior", para hacer subterráneo el proceso y rebajar el impacto ambiental, según avanzó el propio Valls, que también ejerce de director general de Extremadura Minings en España.
"La extracción soterrada elimina el impacto ambiental para la fauna, la flora, el ruido y el polvo"
Ambos directivos quieren trasladar al sector empresarial que gracias a esa extracción soterrada "se elimina el impacto ambiental para la fauna y la flora, el ruido y el polvo que genera alarma" entre la ciudadanía, al estar el yacimiento apenas a 2 kilómetros del casco histórico cacereño.
Viaje para "comprar voluntades", según Salvemos la Montaña
Por su parte, la Plataforma Salvemos la Montaña ha criticado que el CEO de la empresa australiana "viene de visita a Cáceres con un currículum de infracciones y pleitos acumulados", para "intentar convencer y comprar voluntades aquí".
Según la plataforma, su gira incluye "visitar distintas asociaciones y colectivos sociales e incluso clubs deportivos". "Después de los cinco años que llevamos viéndoles mentir, engañar, manipular y cometer todo tipo de tropelías, ¿creen que nos van a convencer de algo?", ha expresado.
Desde la plataforma han recordado los 2.500 euros impuestos por la Junta de Extremadura "por abrir caminos y destrozar el valle de Valdeflórez", y que después "el ayuntamiento cacereño le sanciona con 26.500 euros por extralimitarse en las licencias concedidas".
Toda vez "condenados a restaurar, vinieron sendas multas coercitivas, de 2.000 euros cada una, por no cumplir la sentencia firme y el mandato judicial", han apostillado.
